Casi cuatro veces el presupuesto de la NASA o dieciocho veces más de lo que se gasta globalmente en investigación sobre el cáncer.
Washington, D.C. – En un reciente análisis del American Immigration Council, se ha estimado que una operación de deportación masiva de inmigrantes indocumentados en Estados Unidos podría costar al gobierno federal hasta 315 mil millones de dólares solo en una operación única. Esta cifra considera los costos directos asociados con arrestos, detenciones, procesamiento legal y deportación de aproximadamente 11 millones de personas que carecen de estatus migratorio legal permanente.
El informe, que utiliza datos de la Encuesta sobre la Comunidad Estadounidense (ACS) y otros estudios sobre las políticas de inmigración, también evalúa el impacto económico de expulsar a esta población del mercado laboral y del consumo. En términos de costos a largo plazo, el análisis sugiere que una política de deportación masiva sostenida durante varios años podría ascender a 967,9 mil millones de dólares.
“Los costos de una operación de deportación masiva son enormes y no solo incluyen la logística de la detención y expulsión de millones de personas, sino también el impacto significativo que tendría sobre la economía estadounidense, desde el mercado laboral hasta la base impositiva”, comenta el autor del informe.
Los cálculos reflejan la necesidad de establecer una infraestructura de detención y tribunales a gran escala, con un sistema que debería manejar un volumen de deportaciones sin precedentes. Para ponerlo en perspectiva, el costo de esta operación podría financiar, por ejemplo, la construcción de más de 40,000 nuevas escuelas primarias, o la matrícula universitaria completa para más de 4.3 millones de personas en universidades privadas, durante cuatro años.
En comparación, un solo año de deportaciones de un millón de personas podría costar lo mismo que casi cuatro veces el presupuesto de la NASA o dieciocho veces más de lo que se gasta globalmente en investigación sobre el cáncer.
El análisis subraya que, aunque las propuestas de deportación masiva siguen siendo un tema central en la política estadounidense, el costo y los recursos necesarios para implementarlas serían desproporcionados, y podría ser más efectivo invertir en iniciativas que fomenten el crecimiento económico y social de las comunidades.