Desde el inicio de la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum, un total de 39 funcionarios municipales en México han sido blanco del crimen organizado, ya sea por arrestos, ataques o asesinatos. Este alarmante panorama subraya la creciente violencia que enfrenta el país, donde alcaldes, exalcaldes, regidores, directores de seguridad y otros funcionarios municipales han sido víctimas de los cárteles.
Según un recuento realizado por la Organización Editorial Mexicana, entre el 1 de octubre de 2024 y la fecha, 21 funcionarios han sido arrestados por diversos delitos, uno se suicidó mientras era detenido, y ocho más han sido asesinados. Además, dos alcaldes solicitaron licencia debido a amenazas directas del crimen organizado. Otros funcionarios han sufrido ataques directos o amenazas hacia ellos y sus familias.
Los casos más alarmantes provienen del Estado de México y Chiapas, donde se implementaron los operativos Enjambre y Pakal, respectivamente, para investigar y limpiar las administraciones municipales presuntamente vinculadas al crimen organizado. En el marco del operativo Enjambre, al corte de la semana pasada, se habían detenido dos alcaldes y seis directores de seguridad pública, además de un suicidio durante un arresto.
Un caso particularmente doloroso fue el asesinato de Alejandro Arcos Catalán, presidente municipal de Chilpancingo, Guerrero, quien fue decapitado el 6 de octubre tras haber asumido apenas su cargo. A este homicidio se suman al menos otros 15 casos en los que funcionarios municipales se han visto involucrados con la delincuencia organizada, desde amenazas hasta asesinatos.
Uno de los más recientes casos fue el de Constantino Soriano Mendoza, regidor de Hacienda de San Miguel Panixtlahuaca, Oaxaca, quien fue asesinado a tiros el 12 de febrero por sujetos desconocidos. También se destacó el caso de Francisco Javier Velazco, policía municipal de San Luis Río Colorado, Sonora, quien fue asesinado en un ataque armado tras haber aparecido previamente en una narcomanta.
En otro contexto, alcaldes como Hildeberto Salinas Mariche, de Cuajinicuilapa, y Tarsila Molina Guzmán, de San Nicolás, en Guerrero, se vieron obligados a solicitar licencia por las amenazas de los grupos criminales. Por otro lado, el 6 de febrero fuerzas de seguridad detuvieron a Fermín N, expresidente municipal de Huazalingo, Hidalgo, por presuntos vínculos con extorsión.
En Jalisco, la situación también ha escalado con el secuestro de Brenda Marisol Montañez Saucedo, esposa del alcalde de Villa Hidalgo, Jaime Cruz Villalpando, presuntamente a manos del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
Aunque la administración federal de Sheinbaum ha manifestado su compromiso por erradicar la corrupción en los niveles municipales, estos ataques reflejan que el crimen organizado sigue teniendo un control significativo sobre diversas localidades del país, dejando a los funcionarios municipales en un estado de vulnerabilidad constante.
