A pocas horas del inicio de las campañas judiciales, el Instituto Nacional Electoral (INE) ha identificado a cinco entidades federativas en riesgo alto debido a una grave crisis presupuestal que podría comprometer la organización de las elecciones judiciales locales programadas para el 1 de junio.
Estas entidades, todas gobernadas por Morena, no han garantizado los recursos necesarios para la instalación de casillas y la impresión de boletas electorales.
El informe del INE señala que, de las 19 entidades que celebrarán elecciones judiciales federales y locales conjuntas, cinco se encuentran en situación crítica:
- Nayarit: A pesar de que el Congreso estatal aprobó la reforma judicial a finales de enero, el proceso electoral se ve complicado por la falta de tiempo y recursos. El Organismo Público Local Electoral (OPLE) solicitó una ampliación presupuestal de 115.6 millones de pesos, pero hasta la fecha no ha recibido respuesta ni fondos para llevar a cabo la elección.
- Yucatán: El Congreso aprobó la reforma judicial hace apenas una semana, lo que dificulta la organización del proceso electoral en términos de tiempo y financiamiento. Además, el OPLE yucateco sufrió un recorte anual del 23.75% y aún no ha determinado el monto necesario para la elección.
- Colima: Es el caso más grave, ya que las campañas locales comienzan este 30 de marzo. El OPLE colimense solicitó 107.4 millones de pesos para operar en 2025, pero solo se le asignaron 42 millones para prerrogativas de partidos y 20 millones para operaciones, lo que representa un déficit del 68.92% respecto a los 62.9 millones requeridos para su funcionamiento básico.
- Aguascalientes: De los 239 millones de pesos solicitados, únicamente recibió 55 millones, lo que compromete seriamente la capacidad del OPLE para organizar las elecciones judiciales locales.
- Tabasco: Solicitó 209.3 millones de pesos y se le prometieron 114 millones; sin embargo, hasta ahora solo ha recibido 9.8 millones, es decir, apenas el 4.7% de lo necesario.
La falta de recursos en estas entidades pone en riesgo la correcta organización y desarrollo de las elecciones judiciales locales, lo que podría afectar la legitimidad y transparencia del proceso electoral. El INE ha expresado su preocupación y hace un llamado a las autoridades estatales correspondientes para que asignen los fondos necesarios que garanticen el cumplimiento de las obligaciones constitucionales en materia electoral.
