EDGAR ADAIR ESPINOZA
A decir de los acérrimos defensores de la privatización educativa, en nuestro país se desplegó en los últimos años un esfuerzo decidido por mejorar su sistema educativo, con la ampliación de la cobertura y facilitando el acceso de quienes buscaban una educación superior de calidad, diversificada, abierta, flexible, competitiva y con pertinencia geográfica y social, capaz de responder a las demandas crecientes de sus beneficiarios: el Estado, el mercado y la sociedad en general. En ese esfuerzo, el sacrificio del docente forma parte de la explicación de ese crecimiento y lo consideran más que justificado en el nombre de la “competitividad”.
Las privadas han venido aumentando desde la década de los ochenta cuando apenas existían 108 universidades privadas, para el 2003 ya habían 783 y para 2018 se contabilizaron 3 mil 163 según datos del Sistema Nacional de Información Estadística de la Secretaría de Educación Pública. Este patrón de crecimiento explosivo es atribuible al aumento demográfico, a mejores tasas de eficiencia terminales de los niveles de bachillerato y a la incapacidad del sector público para absorber una demanda sostenida y creciente.
Ahora bien, este proceso de privatización se caracteriza por la evolución de la educación superior en un bien de acceso privado, una mercancía, que es reproducida, distribuida y consumida en un contexto de baja regulación, favoreciendo el proceso de expansión y consolidación que mantiene hasta la actualidad. Los grandes cuestionamientos al proceso no son tanto el uso de las técnicas administrativas en sí o la aceptación de sus criterios de eficiencia y productividad, sino que al operar la universidad como si fuera una organización económica ve redefinidas su naturaleza, finalidades y organización.
Las universidades privadas asumieron rápidamente el estilo de gestión en su interior de las empresas privadas que buscan maximizar sus ganancias a partir de reducir todos sus costos, abrevando en la estrategia de la externalización de todos los servicios posibles como cobros, limpieza, vigilancia, entre otros y naturalmente, incluyeron los servicios académicos; este modo de organizar y contratar a su personal es su estandarte de eficiencia e incluso, son cada vez más las universidades públicas que están privilegiando la contratación flexible tomando como ejemplo las prácticas de las privadas.
Es así que estas condiciones incentivan a una alta rotación de profesores, lo que complica el seguimiento de los planes de estudio, el desarrollo sistemático de las capacidades de los alumnos y la evaluación acertada de los conocimientos que se imparten. Lo que trae como consecuencia, que la educación impartida sea deficiente.
Basta un vistazo a las bolsas de trabajo en línea, como Indeed y OCC Mundial, para visualizar los factores que se combinan para dar como resultado una rotación que afecta la calidad educativa. Los ingresos promedio de los docentes en las universidades privadas son de entre 50 y 130 pesos la hora, con estos ingresos no es extraño que los docentes que preparan a los estudiantes de estas universidades no estén dispuestos a mantenerse por mucho tiempo en el aula. Este aspecto, se ha extendido en detrimento de los docentes a quienes se les denomina prestadores independientes de servicios, las clases ahora son asesorías técnicas.
Para disimular este fenómeno y ante la falta de docentes con experiencia, particularmente, las universidades de menor calidad “patito o de garaje” recurren a profesionales sin experiencia pedagógica para contratarlos como profesores y los promocionan como especialistas que comparten su experiencia en el mundo laboral y éxito (supuesto o real) y sirven para emitir grados o títulos sin mayor dificultad (véase el escándalo del Senador Samuel García).
El régimen laboral imperante para la mayor parte del personal docente no es otro que el pago por horas, bajo el contrato de prestación de servicios profesionales que regula las prácticas de consultoría; por lo que no se tiene acceso a seguridad social, previsión ni salud; por lo que se les paga únicamente eso y sí no hay asignaturas afines o seriadas, no se renueva contrato hasta nuevo aviso. De este modo, el trabajo docente, el capital humano universitario, es maximizado como recurso, disminuyendo sus costos e incrementando sus beneficios económicos sobre el negocio de cada universidad privada.
De ahí, que la flexibilización laboral ha encontrado en ellas un espacio para sentar sus reales, el docente en esta convertido en trabajador precario, subordinado a la más brutal flexibilidad contractual y a un proceso permanente de precarización tanto de sus condiciones laborales pactadas, de las ocupacionales (preparación de clases e investigación) y de una débil vinculación social a las universidades como organización (no suele importar retenerlos). Las consecuencias más comunes de la alta rotación de los docentes por las remuneraciones raquíticas y la ausencia total de seguridad social repercuten en el bajo rendimiento académico, reducción de la calidad educativa en el proceso enseñanza aprendizaje y la deficiencia en el logro de objetivos institucionales y de la imagen pública de la propia institución educativa.
Los cambios laborales sustentados en discursos sobre “excelencia y de la sociedad del conocimiento” tienen una finalidad diáfana: mercantilizar la educación universitaria mediante un uso abaratador, inseguro y desigual de docentes e investigadores, aumentando la responsabilidad del estudiante en su propia formación, a través de acrecentar la precariedad del docente al que se le dificultará su práctica pedagógica e incluso continuar con esa actividad laboral como forma de ingreso principal lo que coloca al docente en un ambiente de incertidumbre, presión, estrés y malestar que no favorecen el desarrollo de una buena práctica docente. Los docentes en privadas suelen tener una distribución irregular de la jornada de trabajo, sin pago alguno preparación de las clases por el personal docente y las tareas de investigación.
Este proceso de precarización es estimulado por la incapacidad financiera y de la disposición política de los gobiernos de no continuar cubriendo las demandas educativas a través de las instituciones públicas, lo que derivó en la aparición de nuevas modalidades de universidades privadas para dar cobertura a un número cada vez mayor de estudiantes.
No obstante al principio esto fue un proceso gradual hacia la mercantilización, las privadas también se han ido complejizando y son en general, una variable residual en la dinámica de la educación superior pública en tanto ésta sea gratuita o de menor costo, y mientras no existan indicadores comparativos claros de los niveles de calidad entre el grueso de ambas, puede afirmarse que estas, las privadas, auxilian a las públicas en la atención de la demanda y aunque las condiciones laborales docentes en privadas es mayormente precario, lamentablemente hay procesos de precarización en las universidades públicas, véase el caso de la Universidad Autónoma de Sinaloa.
Es evidente que la educación privada requiere mayor regulación por parte de autoridades educativas y los legisladores porque su marco jurídico diseñado para dirigir su expansión esta obsoleto frente a la realidad social y laboral cuyas características de crecimiento están generando nuevas problemáticas que deben ser recogidas, analizadas y solucionadas. Las universidades antes que negocios son instituciones sociales, en ese escenario, la universidad privada debe discutirse para revisarse no solo las condiciones en la que los docentes realizan sus actividades y la calidad del proceso educativo de las mismas sino la manera en la que tributan a la sociedad para que se constituyan en impulsoras de la mejora nacional.
Pd. La pandemia vino agravar más la situación de los profesores, se suman a los miles que inmediatamente fueron a parar a las filas del desempleo.
