Con una serie de condiciones, la Comisión Federal de Competencia (Cofece) ha dado luz verde a la adquisición de 13 plantas de la empresa española Iberdrola por parte del Fondo Nacional de Infraestructura (Fonadin). Según la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, esto incrementará la deuda pública presupuestal en aproximadamente 3,060 millones de dólares este año.
La Cofece ha condicionado la compra para garantizar la independencia operativa de las plantas en el mercado, evitando el intercambio de información sensible entre competidores. Según el regulador, estas medidas son cruciales para salvaguardar la competencia económica en el mercado de generación eléctrica.
Destacando que las medidas serán supervisadas constantemente durante los próximos 10 años, se enfatiza que la adquisición no presionará las finanzas públicas más allá del costo de la misma.
El acuerdo implica la compra de 10 plantas de generación con contratos a largo plazo de energía eléctrica, bajo la modalidad de Productor Independiente de Energía (PIE). Esto, a su vez, implica contratos entre CFE Generación V y CFE Suministro Básico.
Tras negociaciones entre el gobierno mexicano e Iberdrola el año pasado, se acordó adquirir las 13 plantas por un monto aproximado de 6 mil millones de dólares. El proceso de adquisición estaba pendiente de la resolución de la Cofece, la cual se ha dado ahora.
Para asegurar la operación independiente de las plantas, se establecen varias condiciones, incluyendo la reducción de la inversión del Fonadin en un máximo del 51% en un plazo de 24 meses, la designación de un administrador independiente, y la implementación de controles para evitar conflictos de interés.
Hacienda reporta que la autorización del regulador se recibió el 14 de febrero, estableciendo compromisos para fortalecer el gobierno corporativo del vehículo de inversión y garantizar la competencia en el mercado eléctrico.
La operación cuenta con el respaldo financiero del Fonadin, la banca de desarrollo, y la banca comercial, con un financiamiento del 60%. Además, se busca la participación de Afores, fondos de pensiones y otros inversionistas institucionales en beneficio de los trabajadores mexicanos.
Antecedentes
En abril del año pasado, luego de críticas por parte del presidente Andrés Manuel López Obrador a la empresa española que empleó a Felipe Calderón, luego de que éste ocupara la presidencia entre 2006 y 2012, el gobierno mexicano e Iberdrola negociaron la compra de de 12 plantas de ciclo combinado y una planta eólica, con capacidad de 8 mil 500 MW.
Hace unos meses Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró inconstitucional la reforma eléctrica de 2021, que pone al centro la recuperación de mercado para la Comisión Federal de Electricidad; con la adquisición de las plantas a Iberdrola, el Estado mexicano garantiza la capacidad de proveer el 54 por ciento en la generación eléctrica del país.
Esta es la historia de la privatización de la industria electrica en México:
- Nacionalización y consolidación inicial (1930-1960): Durante las décadas de 1930 y 1940, el gobierno mexicano nacionalizó varias compañías eléctricas extranjeras, consolidando el sector bajo la Comisión Federal de Electricidad (CFE) en 1960. Esto se hizo con la intención de garantizar un suministro eléctrico confiable y accesible para el desarrollo del país.
- Apertura a la inversión privada (1980-1990): En la década de 1980, México inició un proceso de apertura económica y liberalización bajo el gobierno de Miguel de la Madrid. Se permitió la inversión privada en sectores estratégicos, incluyendo la energía eléctrica. Esto llevó a la creación de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica en 1983, que abrió la puerta a la participación privada en la generación y distribución de electricidad.
- Privatización parcial (1990-2012): Durante las presidencias de Carlos Salinas de Gortari (1988-1994) y Ernesto Zedillo (1994-2000), se llevaron a cabo diversas reformas estructurales que promovieron la privatización parcial del sector eléctrico. Se permitió la participación privada en la generación de energía a través de contratos de compra de energía y licitaciones públicas, aunque la CFE mantuvo el control sobre la mayor parte de la infraestructura.
- Reforma energética (2013-2014): Durante la presidencia de Enrique Peña Nieto (2012-2018), se promulgó una reforma energética integral en 2013-2014. Esta reforma buscaba modernizar y aumentar la eficiencia del sector energético, incluyendo la industria eléctrica. Se permitió una mayor participación privada en todas las etapas de la cadena de valor, desde la exploración y producción de petróleo hasta la generación y distribución de electricidad.
- Reversión parcial y cambio de política (2018-presente): Con la llegada al poder de Andrés Manuel López Obrador en 2018, se ha revertido parcialmente la apertura del sector eléctrico a la inversión privada. El gobierno de AMLO ha buscado fortalecer a la CFE y priorizar la generación de energía por parte de empresas estatales sobre la participación privada. Esto ha generado controversia y críticas por su impacto en la competencia y la modernización del sector.
