La ministra Lenia Batres, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), ha levantado una enérgica voz de protesta contra lo que califica como una “filtración ilegal” y un “acuerdo de admisión” concernientes a la denuncia presentada en contra del exministro Arturo Zaldívar. Esta denuncia acusa a Zaldívar de presuntos actos de corrupción y de vulnerar la autonomía e independencia del Poder Judicial.
“La filtración de una denuncia y de su acuerdo admisorio es ilegal. Pone en riesgo las formalidades esenciales de un procedimiento justo y contraviene la práctica general de la SCJN”, expresó la ministra Batres a través de una tarjeta informativa.
La denuncia, presentada de manera anónima desde el 9 de abril de 2024, fue dirigida a Norma Piña, ministra presidenta de la Corte, e involucra no solo a Zaldívar, sino también a algunos de sus colaboradores más cercanos. Entre estos, se destaca la presunta implicación de Netzaí Sandoval, quien habría sido impuesto como coordinador de ponencia de la ministra Batres. Según el documento, esta imposición se habría realizado bajo presión, con Sandoval supuestamente ejerciendo influencia desde su cargo en el Instituto Federal de Defensoría Pública.
La ministra Batres ha negado rotundamente haber sido presionada para elegir a su personal de ponencia, desestimando así las acusaciones en su contra.
Además, la ministra advirtió sobre las implicaciones políticas de hacer pública esta denuncia durante un período electoral, subrayando la importancia de preservar la imparcialidad y la independencia del Poder Judicial en cualquier contexto político.
Este escándalo vincula otros exfuncionarios del Consejo de la Judicatura Federal, entre ellos Carlos Antonio Alpízar Salazar y Edgar Manuel Bonilla del Ángel, quienes enfrentan acusaciones que van desde enriquecimiento ilícito hasta delincuencia organizada institucional.
Según la denuncia, estas conductas podrían constituir violaciones a la independencia judicial, falta de imparcialidad y profesionalismo, entre otros delitos contemplados en la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y la Ley General de Responsabilidades Administrativas.
Se espera que estas acusaciones desencadenen una investigación exhaustiva por parte de las autoridades correspondientes, con el fin de esclarecer los hechos y garantizar la integridad del sistema judicial mexicano.
“De cualquier forma, habría ignorado cualquier intento de presión. Hacer pública la denuncia anónima y el acuerdo de inicio de investigación durante esta etapa electoral que vive nuestro país, constituye un elemento desafortunado tanto para la resolución jurisdiccional del tema, si procediere, como para la coyuntura propiamente política”
Ministra Lenia Batres
Lista de colaboradores acosados:
- Netzaí Sandoval: Señalado por presuntamente presionar a la ministra Lenia Batres para ser designado como coordinador de ponencia.
- Carlos Antonio Alpízar Salazar: Acusado de enriquecimiento ilícito, corrupción y/o extorsión, supuestamente bajo la influencia del exconsejero jurídico del Ejecutivo Federal, Julio Scherer Ibarra.
- Edgar Manuel Bonilla del Ángel: Señalado de delincuencia organizada institucional, siendo titular del Instituto Federal de Especialistas de Concursos Mercantiles en el momento de los presuntos delitos.
De acreditarse estos hechos, pudieran significar la existencia de actos que atentan contra la independencia de la función judicial; falta de imparcialidad y profesionalismo; violencia sexual; cohecho; abuso de funciones; desvío de recursos y enriquecimiento oculto.
Todas estas conductas son causa de responsabilidad administrativa en términos de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y la Ley General de Responsabilidades Administrativas.
