México firma acuerdo con Suiza para ejercer medidas diplomáticas en Ecuador

México y Suiza han firmado un acuerdo mediante el cual Suiza asumirá la protección y representación de los intereses diplomáticos de México en Ecuador, después de que las relaciones diplomáticas entre México y Ecuador se rompieran tras el asalto a la embajada mexicana en Quito en abril, en un intento por detener al exvicepresidente ecuatoriano Jorge Glas.

La secretaria de Relaciones Exteriores de México, Alicia Bárcena, y su homólogo suizo, Ignazio Cassis, formalizaron el acuerdo, que busca “salvaguardar los intereses de México en Ecuador”, según un comunicado de la Secretaría de Relaciones Exteriores de México.

El acuerdo no pretende mediar en los conflictos actuales entre México y Ecuador, derivados del asalto a la embajada, las agresiones a personal diplomático mexicano y la detención de Jorge Glas, quien se encontraba asilado en la embajada mexicana.

El comunicado enfatiza que las autoridades mexicanas habían buscado un “diálogo franco y transparente” con Ecuador respecto al asilo otorgado a Glas, pero lamenta que el gobierno ecuatoriano optó por “la ilegalidad y la violencia” al irrumpir en la embajada mexicana el 5 de abril de 2024.

México no contempla restablecer relaciones diplomáticas con Ecuador a menos que reciba una disculpa pública e incondicional de alto nivel y un compromiso ecuatoriano de no repetir actos similares, respetando el derecho de asilo conforme al Derecho Internacional. México también continuará con los procedimientos legales ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ).

La CIJ rechazó el 23 de mayo la solicitud de medidas provisionales contra Ecuador, indicando que no era necesario adoptar una orden de urgencia antes de examinar el fondo del caso, que se inició tras la ruptura de relaciones diplomáticas entre México y Ecuador debido a la detención de Jorge Glas, acusado de corrupción, cargos que él niega y atribuye a una persecución política.

Las autoridades ecuatorianas acusan a Glas, quien fue vicepresidente entre 2013 y 2017, de malversación de fondos públicos en los trabajos de reconstrucción de Manabí tras el terremoto de 2016, que dejó más de 670 muertos.

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