El Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) ratificó por unanimidad la resolución del Servicio de Administración Tributaria (SAT) que impone a Elba Esther Gordillo Morales, ex dirigente del SNTE, el pago de un crédito fiscal de 21 millones 252 mil pesos. Esta suma incluye el Impuesto Sobre la Renta (ISR), así como actualizaciones, recargos y multas correspondientes a los ejercicios fiscales de 2008 y 2009.
El proyecto, presentado por el magistrado Carlos Chaurand Arzate, desestimó los argumentos de Gordillo Morales, quien alegaba que las pruebas aportadas no fueron adecuadamente valoradas para desvirtuar la resolución fiscal. En su demanda, la ex dirigente sindical calificó el crédito fiscal de ilegal, argumentando que la autoridad no fundamentó ni motivó correctamente su decisión y no siguió el procedimiento de determinación presuntiva establecido en la Ley del Impuesto Sobre la Renta.
Chaurand Arzate explicó que Gordillo Morales no pudo acreditar que los depósitos en su cuenta bancaria, así como los pagos de su tarjeta de crédito y servicios, correspondían a erogaciones realizadas a favor de terceros. La falta de documentación comprobatoria llevó a la conclusión de que estos ingresos debían ser acumulados como ingresos adicionales a su sueldo y salario, independientemente del régimen fiscal bajo el cual presentó su declaración.
La ex dirigente sindical también alegó que sus pruebas no fueron debidamente consideradas durante el procedimiento de fiscalización, lo que, según ella, violó su garantía de audiencia, debido proceso y derechos humanos. Sin embargo, estos argumentos fueron desestimados por el magistrado, quien afirmó que Gordillo no demostró que los ingresos en cuestión eran gastos de representación del SNTE.
El magistrado señaló que, tras analizar el expediente y las pruebas presentadas, se otorgó a Gordillo un plazo para desvirtuar los hechos observados durante la revisión fiscal. Durante este periodo, ya no se encontraba privada de su libertad y presentó diversas pruebas, las cuales fueron valoradas pero no lograron demostrar que los depósitos y pagos en cuestión correspondían a gastos de representación. Además, el propio sindicato indicó que no contaba con la documentación específica solicitada.
En consecuencia, el TFJA confirmó la presunción de legalidad del crédito fiscal determinado por el SAT, obligando a Elba Esther Gordillo Morales a cumplir con el pago correspondiente.
