por Edgar Adair Espinoza Robles
En los últimos años, México ha experimentado una serie de transformaciones políticas y sociales afín de ser un país más justo, equitativo y democrático. No obstante, uno de los aspectos que necesitan ser corregidos es precisamente, el modo de operar del poder judicial. La reforma es necesaria, es urgente no solo para garantizar una verdadera justicia social y el fortalecimiento del estado de derecho sino para abrir al escrutinio público la realidad de un poder opaco, que no es funcional y que opera no pocas veces bajo el manto del tráfico de influencias. Vale la pena mencionar, que este poder no ha tenido reformas importantes en más de 30 años.
Actualmente, los grupos más vulnerables, como las comunidades indígenas, las mujeres, y las personas de bajos recursos, enfrentan enormes barreras para obtener una defensa digna. La corrupción y el nepotismo agravan esta situación, permitiendo que aquellos con poder e influencia eviten las consecuencias de sus actos, mientras que los que menos tienen sufren las penas más severas y hasta son juzgados injustamente (se calcula que la menos el 15% de los presos son inocentes).
Para abordar esta injusticia, es necesario implementar políticas que aseguren la representación adecuada de todos los sectores de la sociedad en el sistema judicial. Esto incluye la formación y contratación de jueces que comprendan y representen las realidades de los grupos marginados, así como la creación de mecanismos que faciliten el acceso a servicios legales gratuitos.
La corrupción en el poder judicial es una de las principales causas de la desconfianza pública en las instituciones. Casos emblemáticos de corrupción e impunidad han demostrado cómo las élites políticas y económicas pueden manipular el sistema a su favor, condenando a las mayorías y perpetuando la injusticia.
Una reforma judicial también debe incluir medidas drásticas para combatir la corrupción, cuya independencia a menudo ha estado sujeta a la influencia de los grandes capitales.
Los ciudadanos esperamos una verdadera separación de poderes, donde el poder judicial opere de manera autónoma y libre de presiones externas de toda índole. Esto se puede lograr mediante la selección transparente y meritocrática de jueces, la garantía de su estabilidad y la participación de la sociedad en los procesos electivos.
El sistema penal mexicano tiene un enfoque punitivo y que viola sistemática los derechos humanos. Abrir el debate público a una reforma integral del sistema penal también puede dar pie a la revisión de las penas carcelarias, la implementación de alternativas a la prisión y la protección de los derechos de los acusados durante todo el proceso judicial.
Esta reforma debe contemplar la educación y formación continua de jueces, abogados y funcionarios del sistema judicial. Esto no solo implica una actualización constante en materia de leyes y procedimientos, sino también una formación en derechos humanos, perspectiva de género y sensibilización hacia los problemas sociales que afectan a la población.
La iniciativa propuesta por el Presidente Andrés Manuel López Obrador y abrazada por su sucesora la Presidenta Electa Claudia Sheinbaum Pardo busca devolverle al pueblo la soberanía de decidir quiénes son sus juzgadores. Busca garantizar que aquellos que se sienten en la silla de la justicia sean verdaderos representantes de los valores, aspiraciones y necesidades de nuestra sociedad.
Además, se propone la creación de un Tribunal de Disciplina Judicial, también electo por el pueblo, lo que es un paso adelante en la lucha constante por una justicia limpia y transparente. Este tribunal sería el guardián de la ética y la integridad, asegurando que aquellos que imparten justicia se mantengan siempre a la altura.
En general, esta iniciativa es un gran paso para la vida pública de México, nadie, ni opositores pueden negar que la reforma judicial es justa y necesaria. Hay que seguir de cerca la discusión y sus resultados porque serán fundamentales para el devenir del país. La representación en el Congreso de la Unión para las fuerzas progresistas les permite modificar la Constitución, ahora es cuando diría el clásico.
Parque si se dice en el discurso que la 4ta transformación es pacífica pero profunda, que su esencia radica en eliminar de raíz el régimen corrupto de injusticias y privilegios, forzosamente, hay que cambiar el poder judicial, de avanzar esta iniciativa, veremos un paso firme hacía un cambio de régimen que compruebe, en efecto, que lo viejo está por morir y lo nuevo por nacer, que no hay simulación, de ese tamaño el reto.
