Los diputados de Morena, Aurelia Leal López y Martín Vega Álvarez, alzaron la voz en el Congreso este martes para abogar por los derechos de los jornaleros agrícolas que trabajan en Sinaloa, destacando los numerosos casos de violaciones a los derechos humanos, especialmente de aquellos migrantes provenientes de Chihuahua.
Leal López fue la primera en dirigirse al Pleno, donde denunció las deplorables condiciones laborales de los jornaleros, describiéndolas como “esclavitud moderna”. Subrayó que la eliminación del Programa de Atención a Jornaleros Agrícolas ha empeorado la situación, exacerbando la vulnerabilidad de este grupo.
La diputada destacó la urgente necesidad de abordar la injusticia social y la falta de acción legal en casos de explotación laboral. Señaló las condiciones precarias que incluyen salarios bajos, viviendas inadecuadas y falta de acceso a servicios básicos de salud y educación, particularmente afectando a jornaleros de Chihuahua.
Leal López también mencionó casos alarmantes de menores fallecidos debido a la mala alimentación y tratamiento de enfermedades, y mujeres indígenas dando a luz en condiciones insalubres. Citó un caso reciente de 61 jornaleros indígenas de Chihuahua en el municipio de Ahome que no podían regresar a su hogar por falta de pago.
Hizo un llamado a la Secretaría de Trabajo y Previsión Social para que garantice condiciones laborales dignas y propuso reinstalar el Programa de Atención a Jornaleros Agrícolas con un presupuesto específico.
Por su parte, Martín Vega Álvarez, presidente de la Comisión de Comunidades y Asuntos Indígenas del Congreso del Estado, también insistió en la necesidad de mejorar las condiciones de vida y trabajo de los jornaleros. Señaló que, aunque Sinaloa es un gran productor agrícola, muchos jornaleros sufren precariedad y explotación.
Vega Álvarez enumeró los principales desafíos: largas jornadas de trabajo bajo el sol, salarios injustos, falta de seguridad laboral, viviendas inadecuadas, y acceso limitado a servicios básicos y educación. Propuso reformas laborales para asegurar salarios justos y condiciones seguras, inversión en infraestructura, fortalecimiento de los sistemas de salud y educación, y campañas para combatir la discriminación.
El legislador reconoció las iniciativas del gobernador y la Secretaría de Bienestar, pero insistió en la necesidad de soluciones permanentes y no solo temporales. “Esto no solo es una cuestión de justicia social, sino también una obligación moral y legal”, concluyó.
