Ciudad de México.- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo defendió su postura ante la reciente publicación de la reforma constitucional en materia judicial en el Diario Oficial de la Federación (DOF), rechazando acusaciones de desacato. Afirmó que la verdadera infractora es la jueza Nancy Juárez Salas, quien, según Sheinbaum, ha violado el artículo 61 de la ley de amparo al emitir una suspensión sobre la reforma.
Durante su conferencia matutina, la presidenta subrayó que el mencionado artículo establece que el amparo no es aplicable a modificaciones de la Constitución Política de México. “¿No es claro el artículo 61 de la ley de amparo? Es clarísimo”, aseguró Sheinbaum, insistiendo en que su gobierno actúa dentro del marco legal.
Sheinbaum anunció que, una vez que reciba la notificación de la resolución de la jueza, la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal solicitará al Congreso si tiene la facultad de eliminar la reforma del DOF. La jueza Juárez Salas había otorgado una suspensión con un plazo de 24 horas para que la presidenta retirara la reforma, advirtiendo sobre posibles consecuencias penales por desacato.
La presidenta cuestionó la legitimidad del procedimiento de la jueza, argumentando que los actores que promovieron el recurso de inconstitucionalidad carecen de la autoridad para hacerlo. Aseguró que la reforma al Poder Judicial cumplió con todos los requisitos legales y es, por tanto, válida.
Ante la posibilidad de un juicio político contra la jueza, Sheinbaum descartó esa opción y mencionó que solo se presentará una queja ante el Consejo de la Judicatura Federal (CJF), dejando a este órgano la responsabilidad de evaluar la actuación de la jueza.
La mandataria también rechazó la idea de que esta situación represente un intento de golpe de Estado blando o un caso de “lawfare”, considerando que se trata más bien de un intento de los magistrados de conservar sus privilegios. Sobre las recientes declaraciones de miembros del Poder Judicial en sus conferencias matutinas, Sheinbaum reafirmó que la reforma ya es parte de la Constitución.