Culiacán, Sinaloa.- La Cámara de Diputados dio luz verde a una reforma que adelanta la edad para recibir la pensión de adultos mayores, reduciéndola de 68 a 65 años. Este cambio, que modifica la Constitución en el ámbito de Bienestar, fue aprobado con una mayoría calificada y ahora pasará al Senado para su análisis y votación. De ser aprobada, la medida requerirá la ratificación de al menos 17 congresos estatales antes de su publicación en el Diario Oficial de la Federación (DOF) y su entrada en vigor.
La reforma hará obligatoria la entrega de la pensión a todos los adultos mayores a partir de los 65 años, un derecho que hasta ahora solo abarcaba a quienes tienen 68 o más, según lo estipulado en el artículo 4° de la Constitución desde 2020. Aunque las reglas actuales ya permiten recibir la pensión a partir de los 65 años, no era un requisito constitucional.
Además de la modificación para los adultos mayores, la reforma también eleva a rango constitucional la Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad Permanente, que aún no es obligatoria.
Una vez publicada en el DOF, el Gobierno federal estará obligado a asignar en el presupuesto anual los recursos necesarios para garantizar el pago de ambas pensiones. La reforma fue aprobada con 408 votos a favor y 65 en contra, luego de más de 11 horas de debate en la Cámara de Diputados.
Raúl Lozano Caballero, diputado de Movimiento Ciudadano, destacó que la reforma busca no solo reducir la edad para acceder a la pensión de adultos mayores, sino también asegurar el acceso a tratamientos y rehabilitación para personas con discapacidad, con prioridad para menores de 18 años.
Además, el proyecto incluye en la Constitución el programa Sembrando Vida, que otorga apoyo a productores agrícolas y pescadores de pequeña escala.
Durante la discusión, legisladores de distintos partidos expresaron sus posturas. El PRI votó a favor, pero pidió que se fortalezcan otros programas sociales que han desaparecido, como las estancias infantiles y los comedores comunitarios. Christian Mishel Castro, diputado del PRI, pidió que se revisen estos programas que, en su opinión, beneficiaban a millones de familias.
Por su parte, el PAN criticó lo que considera un uso partidista de los programas sociales, acusando a Morena de manipular los padrones para obtener control político. Diego Ángel Rodríguez, diputado del PAN, señaló que estos programas deberían ser neutrales y no estar sujetos a intereses electorales.
En contraste, Morena defendió la reforma y acusó a los gobiernos de oposición de no aplicar los programas sociales en los estados que administran. Carlos Alonso Castillo Pérez, diputado de Morena, resaltó que la Pensión Universal para personas con discapacidad ya es una realidad en los estados gobernados por Morena, pero no en los dirigidos por el PRI y el PAN.
Se aprobaron algunos cambios en los términos de la ley, como el derecho de toda persona a una vivienda “adecuada” en lugar de “digna y decorosa”, en línea con la agenda 2030 de la ONU, de la cual México forma parte. Lilia Aguilar, diputada del PT, subrayó que este ajuste busca que el derecho a la vivienda se reconozca de forma individual y no solo familiar.
La reforma ahora está en manos del Senado, que deberá decidir su destino en las próximas sesiones.
