La Corte Penal Internacional (CPI) ordenó este jueves el arresto del primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, y su exministro de Defensa, Yoav Gallant, acusándolos de crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad relacionados con el conflicto entre Israel y Hamás. La misma medida fue tomada contra Mohammed Deif, un líder militar de Hamás, aunque el ejército israelí sostiene que este murió en un ataque aéreo en julio.
Según los jueces de la CPI, existe evidencia “razonable” de que los tres tienen responsabilidad en crímenes cometidos durante la reciente guerra, incluyendo exterminio, asesinato, tortura y ataques deliberados contra civiles. Estas acusaciones están vinculadas a los eventos del 7 de octubre, cuando Hamás atacó el sur de Israel, causando la muerte de 1,200 personas y tomando a 251 como rehenes. La respuesta israelí, que incluyó una campaña militar en Gaza, dejó un saldo de más de 44,000 muertos, según cifras locales.
La CPI también acusa a Netanyahu y Gallant de usar el hambre como arma de guerra y de dirigir ataques intencionales contra civiles en Gaza. Por su parte, Deif enfrenta cargos por crímenes de guerra como asesinato, toma de rehenes, violación y tortura, así como por liderar ataques sistemáticos contra la población civil israelí.
El gobierno israelí rechazó categóricamente las acusaciones de la CPI. La oficina de Netanyahu calificó la decisión como “falsa, absurda y antisemita”, comparándola con el caso Dreyfus, un juicio controvertido contra un oficial judío en la Francia del siglo XIX. El presidente Isaac Herzog también condenó la decisión, argumentando que “la CPI ha transformado la justicia universal en una burla”.
Hamás, por su parte, celebró las órdenes contra los líderes israelíes como un “precedente histórico” y pidió a la comunidad internacional que las ejecutara para detener lo que describió como “crímenes de genocidio” en Gaza.
A pesar de las órdenes, la ejecución de estas depende de los 124 países miembros de la CPI, ya que ni Israel ni Estados Unidos reconocen la jurisdicción de la Corte. Aunque Israel nunca firmó el Estatuto de Roma, la CPI resolvió en 2021 que su jurisdicción se extiende a Gaza y Cisjordania, dado que Palestina fue reconocida como parte del tratado.
Mientras tanto, Netanyahu y Gallant han viajado recientemente al extranjero, pero no a países miembros de la CPI, lo que complica cualquier intento de detención. La decisión de la Corte abre un nuevo capítulo en las tensiones internacionales respecto al conflicto israelí-palestino y pone en el centro del debate el papel de la justicia internacional en contextos de guerra.
