Por Diego Angulo, S+q53 y Convergencia 53
Coincido con el presidente Andrés Manuel López Obrador quien menciona que el gran problema de México es la corrupción. Copiando al presidente, no creo ser pretensioso al decir la corrupción es el problema más grave del sector educativo.
Solo por mencionar un dato, entre l@s polític@s más corrupt@s que identifica el pueblo de México está Elba Esther Gordillo lideresa de l@s trabajado@s de la educación durante mucho tiempo y que influyó en la política educativa. En Sinaloa no quedamos atrás, tenemos nuestra propia replica con Daniel Amador que tras bambalinas sigue tomando las decisiones en el SNTE 53 y controla gran parte de la SEPyC. La emergencia e imagen de estos dos personajes en la educación es un resumen de la política educativa los últimos 30 años.
No quiere decir que los problemas de la calidad educativa, la infraestructura de las escuelas y la cobertura y permanencia de l@s alumnos en media superior y superior no sean retos importantes que enfrentar para la nueva administración en Sinaloa, evidentemente se tendrían que atender, pero debería existir un política transversal de combate a la corrupción en todo el sistema.
No soy exagerado, el sector educativo maneja más dinero público que cualquier otro en el estado. Miren, el presupuesto aprobado para la educación este año fue de 26,664 millones de pesos, es decir, el 30 % del presupuesto estatal, y, aunque la SEPyC no maneja todos los recursos, como rector de la política educativa del estado, tiene facultades de revisión, cumplimiento de metas y fiscalización.
El gobierno de Andrés Manuel López Obrador ha tratado de combatir este mal en la educación a través de dos propuestas de política pública.
En primera, la Ley General de la Carrera de las Maestras y Maestros (LGCMyM) con la intensión de regular el ingreso al sistema educativo y la promoción vertical como lo venía haciendo la abrogada Ley de Servicio Profesional Docente, pero incluyó la promoción Horizontal (carrera magisterial) y los cambios de adscripción todavía manejados por los estados.
No obstante, en Sinaloa esa pretensión ha quedado manca, a) por un lado en la Secretaría existe un personaje, Juan Alfonso Mejía, que odia al presidente porque proviene del gobierno de Felipe Calderón y de Mexicanos Primero de Claudio X González, adversarios de AMLO b) por otro, een su pretensión de ser candidato a gobernador por una alianza PRI y PAN entregó la secretaría a los sindicatos y con esto el USICAM institución que pretendía implementar la referida reforma LGCMyM.
Desde 2018 cuando se aprobó la LGCMyM hasta este 2021 debido a los transitorios de la ley y luego a causa de la pandemia, la SEP federal ha trabajado solo con lineamientos y en Sinaloa han aprovechado para basificar al por mayor, incluso, direcciones, supervisiones y jefaturas de sector que deberían ser temporales, por decir algunos hechos. Se necesita alguien que se atreva auditar los nombramientos base en dicho periodo.
En segunda, el Programa la Escuela es Nuestra, esta idea tiene la intensión que los recursos lleguen directamente a las escuelas para mantenimiento e infraestructura, no se queden en le SEPyC, que utilizaba los recursos federales de los programas como caja chica. Hay muchos ejemplos del jineteo y desvíos de recursos como el Programa Nacional de Ingles, el Programa de Escuelas de Tiempo Completo, el Programa de Inclusión Educativa, el Telebachillerato etc. En ese sentido, es necesario al frente a la SEPyC alguien que deje transitar los recursos de la SEPyC directamente a las escuelas, no que los vea como un botín. Eran comunes los oficios preelaborados enviados por la SEPyC a los directores de plantel para que firmaran que cierto programa se llevó acabo en su escuela. Dado el poco apoyo estatal, hoy solo 900 planteles están en el programa de la Escuela es Nuestra, con recurso exclusivamente federal, de alrededor de 5 mil planteles existen en el estado.
Por otro lado, hay temas que la nueva administración debe sumarle al combate de la corrupción en correspondencia al gobierno federal.
Uno de ellos es limpiar la SEPyC del control sindical. Hoy la subsecretaria de Educación Básica saltó de la cartera de conflictos secundaria del SNTE 53 a los puestos de la SEPyC. El SNTE es el patrón y representante a la vez, es el borracho y el cantinero, es normal que antes de cualquier trámite de la SEPyC encuentres como respuesta “ve al sindicato y que ellos nos lo pasen, habla con tú delgado”.
Otro es el tema de la nómina y los descuentos. Según un informe de la Secretaria de Finanzas más de 40 empresas trabajan a través de descuentos vía nómina en la SEPyC, los cuales no son nada claros, sin temor a equivocarme muchos son un robo, como no habría de serlo, si los moches de los funcionari@s y líderes del sindicatos esta en función del monto retenido.
Hay que sumarle el tema de las supervisiones escolares, para nadie es un secreto que además de que se entregaron muchas por encima de la ley, como capos de la mafia existen algunos (no todos) que tienen un sin número de cuotas a los planteles: ingresos de las tienditas, por los exámenes impresos, por alumno de la cooperación de la APF, etc. En algunos casos, junto con el SNTE, meten propuesta de horas no cubiertas, incapacidades y las cobran, bueno sacan dinero de todo.
Evidentemente hay muchos temas, yo solo menciono algunos.
El combate a la corrupción es gran reto para la próxima secretaria, la dip. Graciela Domínguez Nava es una excelente propuesta, porque está comprometida con dicho tema y pasaría directamente de la Comisión de Fiscalización del Congreso a la SEPyC. Como presidente de la comisión de educación por sus manos pasaron todas las auditorias del sistema educativo, en especial la de Escuela Normal, Cobaes y el ISSSTEESIN, conoce muy bien los desvíos en el sistema educativo, esperemos que la nombren.
