México.- El diario Milenio hizo público el fraude de un esquema piramidal que defraudó a funcionarios y maestros en el gobierno de Silvano Aureoles que levanta sospechas relacionadas con la empresa Inverforx.
Inverforx, una empresa fundada por Luis Alberto Pérez Zamorano, ha sido señalada por defraudar a altos funcionarios del gobierno de Michoacán, prometiéndoles libertad financiera a través de inversiones en litio, oro, algodón y petróleo. Entre los afectados se encuentran secretarios y subsecretarios del gabinete estatal, quienes perdieron millones de pesos en esta estafa.
La operación de Inverforx en Michoacán fue facilitada por Sonia Fuerte Armenta, exsubsecretaria de Finanzas, y Ariadna Rosas Burgos, asistente del exsecretario de Finanzas, Carlos Maldonado Mendoza. Ambas establecieron una sucursal de la empresa en Morelia y ocuparon cargos clave en su estructura: Fuerte como gerente comercial regional y Rosas como directora comercial. Estas funcionarias promovieron activamente las inversiones entre empleados gubernamentales, asegurando retornos de hasta un 98%.
El esquema colapsó en noviembre de 2022, cuando los pagos a los inversores cesaron abruptamente. Pérez Zamorano alegó que el Servicio de Administración Tributaria había bloqueado sus cuentas, lo cual resultó ser falso. A pesar de ello, las inversiones ilegítimas continuaron hasta 2023.
En marzo de 2025, la situación tomó un giro judicial con la detención de Carlos Maldonado Mendoza en Miami, junto a otros tres exfuncionarios de la administración de Silvano Aureoles, exgobernador de Michoacán. Aunque las acusaciones están relacionadas con desvíos de fondos públicos y no directamente con Inverforx, la conexión entre los implicados ha generado sospechas sobre la complicidad en la estafa.
Hasta la fecha, se han presentado al menos 330 denuncias contra Inverforx: 200 en Morelia y 130 en la Ciudad de México. Las víctimas provienen principalmente de cinco secretarías estatales y de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE). Sin embargo, la Fiscalía General de Michoacán ha mostrado avances limitados en la investigación, enfocándose únicamente en Pérez Zamorano y dejando fuera a otras exfuncionarias señaladas.
Este caso subraya la vulnerabilidad de las instituciones y funcionarios públicos ante esquemas fraudulentos, resaltando la necesidad de mayor vigilancia y transparencia en las inversiones promovidas dentro del sector gubernamental.
