Los Mochis, Sinaloa, 10 de abril de 2025.– El presidente municipal de Ahome, Gerardo Vargas Landeros, enfrenta lo que podría convertirse en la prueba más delicada de su trayectoria política, justo cuando su nombre suena como uno de los aspirantes fuertes a la candidatura de Morena para la gubernatura de Sinaloa en 2027.
El origen de la controversia es un contrato firmado en 2021 para el arrendamiento de 126 patrullas por un monto de 171 millones de pesos con la empresa Grinleasing, operación que hoy está bajo doble escrutinio: administrativo y penal, según reveló la Auditoría Superior del Estado (ASE).
📑 Contrato sin licitación y bajo sospecha
De acuerdo con declaraciones de la auditora superior del estado, Emma Guadalupe Félix Rivera, el contrato fue realizado por adjudicación directa y no mediante licitación pública, como marcan los procedimientos legales cuando se trata de montos tan elevados. Esto, por sí solo, representa una violación a la Ley de Adquisiciones, y ha sido suficiente para que la ASE turne el caso a dos instancias:
- El Tribunal de Justicia Administrativa, donde se analizará la presunta responsabilidad de los funcionarios involucrados.
- La Fiscalía Especializada en el Combate a la Corrupción, que determinará si existen elementos suficientes para judicializar el caso bajo la figura penal de “desempeño irregular de la función pública”.
🧾 ¿Quiénes son los implicados?
Los señalados directamente son los miembros del Comité de Adquisiciones que en 2021 aprobaron la operación, en particular el entonces tesorero municipal, quien fungía como presidente del Comité.
Aunque Gerardo Vargas Landeros no formaba parte del Comité de Adquisiciones, su firma aparece en el contrato, lo que ha sido utilizado por sus opositores para intentar involucrarlo políticamente en el escándalo.
🚓 Justificación municipal: patrullas en mal estado
En su momento, la administración municipal argumentó que el arrendamiento fue una decisión urgente, dado que más del 70% de las patrullas heredadas de la gestión anterior, encabezada por Guillermo “Billy” Chapman, se encontraban en condiciones deplorables. El entonces tesorero, Vega Arellano, justificó que la reparación de dichas unidades era más costosa que el arrendamiento de nuevas.
No obstante, la ASE no aceptó dicha justificación, considerando que los argumentos no eximían a los funcionarios de haber omitido el procedimiento de licitación pública.
