Ciudad de México, 25 de abril de 2025.– El Instituto Nacional Electoral (INE) anunció que podrá cancelar candidaturas e incluso triunfos electorales en la elección judicial extraordinaria si se comprueba que los aspirantes tienen antecedentes de violencia familiar, agresiones sexuales, deudas alimentarias, vínculos criminales o son prófugos de la justicia.
Esta medida se enmarca en la aplicación de la política pública “8 de 8 contra la violencia”, aprobada por el Consejo General del INE el 24 de abril y publicada en su boletín 121. El objetivo es garantizar que los futuros jueces y magistrados del Poder Judicial de la Federación cumplan con los requisitos constitucionales de integridad.
¿Qué causales podrían anular una candidatura judicial?
El INE detalló que se anularán candidaturas si se acredita:
- Sentencia firme por delitos graves como feminicidio, abuso sexual o violencia familiar.
- Ser deudor alimentario moroso.
- Haber sido sancionado por violencia política de género.
- Ser prófugo de la justicia.
- Tener una sentencia que suspenda derechos políticos-electorales.
Además, las y los aspirantes deberán firmar una carta bajo protesta de decir verdad y presentar un certificado oficial de no adeudo alimentario. La ciudadanía y organizaciones civiles podrán presentar denuncias que serán investigadas por un grupo técnico del INE.
Candidatos bajo sospecha de nexos con el crimen organizado
Organizaciones como Defensores MX han alertado sobre la postulación de al menos una docena de personas con presuntos vínculos con el narcotráfico o la iglesia La Luz del Mundo, cuyo líder está preso en EE.UU. por delitos sexuales contra menores.
Entre los nombres más señalados se encuentran:
- Francisco Herrera Franco, exfiscal vinculado a la muerte de periodistas.
- Silvia Rocío Delgado García, abogada de “El Chapo”.
- Fernando Camilla Villarreal, defensor legal de Miguel Treviño “El Z-40”.
- Karina Sánchez Ruiz y Eluzai Aguilar, con cargos de liderazgo en La Luz del Mundo.
También se denunció que algunas de estas personas están virtualmente electas al no tener rivales en sus distritos, como Jessica Romero Butrón y Nora García Peralta, lo que genera preocupación por la infiltración del crimen en el sistema judicial mexicano.
¿Qué sigue?
Aunque el INE puede descalificar candidaturas, la decisión final será del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF). El proceso electoral judicial, programado para el 1 de junio, será una prueba clave de la voluntad institucional para garantizar un poder judicial libre de intereses criminales.
