Culiacán, Sinaloa.— Luego de que la Fiscalía General del Estado (FGE) solicitara formalmente al Congreso del Estado la declaratoria de procedencia para retirar el fuero al alcalde de Ahome, Gerardo Vargas Landeros, el siguiente paso es que la Junta de Coordinación Política (Jucopo) turne el expediente a la Comisión Instructora, la cual se encargará de dictaminar si procede o no el desafuero.
Sin embargo, hay un elemento que complica el panorama: uno de los cinco diputados integrantes de esta comisión también está implicado en el mismo caso.
🧑⚖️ Integrantes de la Comisión Instructora:
🔹 Presidente:
Dip. Rodolfo Valenzuela Sánchez
🔹 Secretario:
Dip. Antonio Menéndez de Llano Bermúdez
🔹 Vocales:
• Dip. Karla Daniela Ulloa Rodríguez
• Dip. Sthefany Rea Reátiga
• ⚠️ Dip. Genaro García Castro (implicado en el caso y no podrá votar por conflicto de interés)
🚨 El caso Genaro García: señalado y en la Comisión que decidirá
El diputado Genaro García Castro, exsecretario del Ayuntamiento de Ahome durante la firma del contrato por el arrendamiento de patrullas, también está siendo investigado por la FGE como presunto responsable del delito de desempeño irregular de la función pública.
Por lo tanto, no podrá participar en la votación dentro de la Comisión Instructora debido a un claro conflicto de interés, y además podría enfrentar una solicitud de desafuero en lo individual, paralela a la del alcalde Vargas Landeros.
Esto deja a la Comisión Instructora con cuatro integrantes activos para dictaminar la procedencia del juicio político.
🚓 El caso: 126 patrullas, 171 millones y adjudicación directa
La Fiscalía General del Estado (FGE) solicitó la declaratoria de procedencia contra Vargas Landeros tras recibir una denuncia de la Auditoría Superior del Estado (ASE). La ASE detectó que en diciembre de 2021, el Ayuntamiento de Ahome adjudicó de manera directa y sin justificación legal la renta de 126 patrullas a la empresa Grinleasing, SAPI de CV, por un monto total de 171 millones 451 mil pesos.
El contrato violó la normatividad en materia de adquisiciones, ya que no existían razones de urgencia ni se convocó a licitación pública, como establece la ley. La ASE concluyó que los responsables incurrieron en el presunto delito de desempeño irregular de la función pública.
