Con 332 votos a favor, 130 en contra y cero abstenciones, la Cámara de Diputados aprobó el dictamen que expide la Ley Nacional para Eliminar Trámites Burocráticos, impulsada por la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo.
El objetivo de la ley es establecer en todo el país un modelo de simplificación y digitalización de trámites, buscando reducir costos para la ciudadanía, acercar al Estado a la población y acabar con las prácticas burocráticas que obstaculizan el acceso a derechos fundamentales.
El dictamen fue turnado al Senado de la República para sus efectos constitucionales.
Rescate del interés público sobre el interés privado
Durante el debate, la diputada Graciela Domínguez Nava (Morena) subrayó que:
“Durante los gobiernos neoliberales, la supuesta modernización del Estado mexicano se enfocó en facilitar trámites exclusivamente para las empresas, tanto nacionales como extranjeras, mediante la creación de las Unidades de Rápida Gestión Empresarial (URGE) y la promulgación de leyes de mejora regulatoria que priorizaban la inversión privada sobre el interés público.
Sin embargo, esta simplificación administrativa no benefició al pueblo. Mientras las grandes compañías gozaban de ventanillas exprés y trato preferente, los ciudadanos comunes, especialmente los más pobres, continuaron enfrentándose a una burocracia pesada, lenta y costosa para acceder a derechos fundamentales como la educación, la salud, el registro civil o el cumplimiento de sus obligaciones fiscales.”
Con esta nueva ley, enfatizó, se busca que la simplificación administrativa esté al servicio de la ciudadanía y no de intereses privados.
Modificaciones que respetan el federalismo
El diputado Ricardo Monreal Ávila presentó modificaciones para preservar el equilibrio federal, señalando que las recomendaciones de la nueva Autoridad Nacional de Simplificación y Digitalización serán vinculantes solo para la Administración Pública Federal, mientras que para estados y municipios tendrán un carácter orientador.
Además, se amplió a 180 días el plazo para que los congresos locales armonicen sus normativas, garantizando que esta transformación llegue a todos los rincones del país, como propuso la diputada Katia Alejandra Castillo Lozano.
Un paso contra la corrupción y la desigualdad
Legisladores de Morena y aliados afirmaron que esta ley responde a una necesidad urgente: reducir la tramitología excesiva, cerrar espacios de corrupción y poner a las personas en el centro de la gestión pública, impulsando así un gobierno más ágil, justo y transparente.
