La Secretaría de Seguridad Pública proyecta alcanzar más de mil cámaras activas en Culiacán, Mazatlán y Ahome, con una inversión de 50 millones de pesos
Reforzarán la vigilancia con más tecnología
Como parte de las acciones para fortalecer la seguridad pública, el Gobierno de Sinaloa alista un proyecto para ampliar y modernizar el sistema de videovigilancia del C4i en coordinación con el Gobierno Federal. Esta iniciativa, impulsada por el gobernador Rubén Rocha Moya, contempla la adquisición e instalación de más de 600 nuevas cámaras en Culiacán, Mazatlán y Ahome, con lo que se busca pasar de 500 a mil 100 cámaras activas en total.
El proyecto forma parte de los compromisos adquiridos con la Federación en materia de seguridad, y responde a la necesidad de ampliar la capacidad tecnológica para atender situaciones de emergencia y vigilancia urbana en tiempo real.
Tres municipios prioritarios y posibilidad de expansión
Los nuevos equipos serán distribuidos en los municipios que actualmente cuentan con centros de control del C4i: Culiacán, Mazatlán y Ahome. Sin embargo, de acuerdo con el titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública, Ricardo Jenny del Rincón, también se está valorando incluir a otros municipios como Navolato y Guasave, dependiendo del resultado del análisis técnico en curso.
La expansión busca fortalecer las capacidades del sistema estatal de monitoreo, no solo en las zonas con mayor densidad poblacional, sino también en regiones con creciente actividad económica o social.
Rehabilitación de equipos en mal estado
Además de instalar nuevas cámaras, el proyecto contempla la rehabilitación de puntos de monitoreo existentes que presentan fallas por desgaste o daños estructurales. Se busca recuperar equipos que actualmente están fuera de servicio para garantizar que operen bajo los estándares adecuados.
Cada punto de vigilancia puede contar con una o más cámaras, dependiendo de las necesidades específicas de la zona, por lo que el número de ubicaciones también será revisado.
Ubicación estratégica según análisis técnico
La instalación de nuevas cámaras se basará en un análisis técnico que contempla variables como el volumen de tránsito vehicular, el flujo peatonal y el nivel de riesgo en determinadas zonas. Este estudio definirá los puntos más estratégicos para optimizar el uso de los recursos y garantizar mayor efectividad en la prevención del delito y la atención de emergencias.
Inversión de 50 millones de pesos
El presupuesto estimado para el proyecto es de 50 millones de pesos, que serán utilizados tanto para la compra de equipos como para infraestructura complementaria, instalación y mantenimiento. La inversión incluye cámaras, sistemas de transmisión, postes, cableado, almacenamiento de datos y software especializado para su operación.
La estrategia se alinea con la visión del gobernador Rocha Moya de incorporar tecnología como aliada en la política de seguridad, al mismo tiempo que se mejoran las capacidades operativas de las corporaciones policiacas.
El proyecto aún no entra a licitación
Aunque el diseño del proyecto avanza, Ricardo Jenny del Rincón detalló que la iniciativa aún no ha sido licitada. La Secretaría de Seguridad Pública estatal continúa en la fase de elaboración y análisis técnico, y una vez finalizado el expediente, será enviado al Secretariado Ejecutivo para iniciar el proceso de adquisición formal.
Se prevé que, tras su aprobación, la instalación de los equipos comience en los meses siguientes, dependiendo de los tiempos que marque la licitación pública.
Una apuesta por la seguridad moderna
Con esta ampliación del sistema C4i, el Gobierno de Sinaloa busca mejorar los mecanismos de prevención y reacción ante situaciones de riesgo, reforzar la vigilancia urbana y ofrecer mayor tranquilidad a la ciudadanía. La incorporación de tecnología de punta también permitirá una mejor coordinación entre corporaciones de seguridad y un monitoreo más eficiente de las zonas con alta movilidad o incidencia delictiva.
La administración de Rubén Rocha Moya considera este proyecto como una prioridad estratégica para fortalecer el entorno de paz y legalidad en el estado.
