Por E. Uriel Jarquín Garnett
Llegar a las siguientes conclusiones me tomó todo un día. No porque quisiera que así fuera, sino porque nuestra cultura está volcada al culto machista a La Madre y es realmente difícil abstraerse del influjo que acarrea cada año el “Día de las Madres”.
A manera de advertencia quiero sostener que estoy en contra de esa cultura machista que alaba a las mamás por una serie de atributos cuasimágicos que se les atribuye porque es el lugar que ocupan en un contexto dominado por onvres. Por eso quiero llevar mis reflexiones a otro plano: la privatización del papel del Estado como garante de los derechos sociales histórica y constitucionalmente establecidos.
Las críticas hacia el modelo de desarrollo identificado con el neoliberalismo suelen enfocarse en la pérdida de derechos patrimoniales sobre los recursos naturales estratégicos que se piensa que pueden ser una “palanca para el desarrollo”. Otra parte se concentran en la privatización de los servicios públicos tradicionales: educación y salud. Pero el transcurso de las últimas décadas llevó el retraimiento del Estado de sus labores sociales a niveles inverosímiles. El modelo clásico de Estado de bienestar sostenía que debía garantizarse el bienestar a la población “de la cuna a la tumba”. Y el neoliberalismo actúo en consecuencia.
La crisis humanitaria que padecemos como sociedad ha ocasionado que ante la ausencia de una respuesta efectiva desde las instituciones estatales, sea la sociedad (civil) quien asuma las tareas que deberían corresponder al Estado. Con 100,000 personas desaparecidas y la incapacidad de las autoridades municipales, estatales y federales para atender dicho fenómeno, es la población víctima quien se ha hecho responsable de la tarea de búsqueda de personas desaparecidas en México.
Si aguzamos la mirada es posible observar un fenómeno no menos desgarrador: si bajo el modelo neoliberal se privatizaron los servicios sociales de cuidado en vida, después de 16 años de guerra contra el narcotráfico podemos atestiguar la privatización de los servicios de cuidado en muerte. Si el tramo que va de la concepción a la cuna está entredicho ante la ausencia de servicios universales y de calidad para cuidar de la población naciente, el aspecto que cubre de la vida a la muerte se encuentra en el abandono, sobre todo si se trata de personas que son víctimas del estado de clima generalizado que ocasionó “el combate contra las drogas”.
Actualmente, las labores de búsqueda de personas desaparecidas recaen, no en las autoridades gubernamentales –a pesar del entramado institucional que se diseñó para dicho fin– sino en el activismo social de aquellas persona que son víctimas indirectas de las desapariciones forzadas. Aún más: la mayoría de las personas involucradas en esta tarea son mujeres madres… ¿Esto qué significa? Una privatización en los hechos de la responsabilidad estatal de garantizar seguridad a la población por parte de las autoridades. Pero sobre todo un recrudecimiento de la violencia machista que sobrecarga las tareas de cuidado sobre las mujeres.
Las mujeres buscadoras, provenientes de distintos contextos sociales, han tenido que aprender las tareas periciales de identificación de restos humanos a lo largo y ancho del país. Pero a diferencia de las privatizaciones “tradicionales” estas tareas no responden al interés económico sino a la necesidad de proveer paz psicoemocional a, por lo menos, 100,000 familias que sufren la ausencia de una persona querida. Una paz que la violencia hacia las mujeres no puede proveer.
En el contexto de la pandemia, el Gobierno Federal revivió la idea de que la familia patriarcal es la principal institución de seguridad social. Esto es que las mujeres están obligadas a proveer tareas de cuidado para niños y personas adultas mayores que no pueden ser atendidas por el sistema público de servicios. Pero sin detenernos en la cotidianeidad estas mismas mujeres ha asumido la tarea que el Estado se ha negado a adoptar: garantizar los derechos de las personas que ya no están con nosotros.
El Día de las Madres debe servir, más allá de mandar Piolines en los grupos de WhatsApp, para cobrar conciencia de las tareas que el Estado ha privatizado, tal vez de manera inconsciente pero que son una realidad. El México del siglo XXI no podrá explicarse si no se salda la deuda de una sociedad con 100,0000 personas desaparecidas en un contexto de violencia. Las mujeres mexicanas –abuelas, madres, hijas, hermanas– no deberían ser responsables de la ausencia de capacidades estatales para proveer servicios “hasta la tumba”. La existencia de numerosos colectivos con este fin refleja el abandono de las autoridades y la sobrecarga de responsabilidades de cuidado sobre las mujeres que contribuyen a la profundización de la desigualdad social con motivos de género.
