La presidenta Claudia Sheinbaum confirmó que su gobierno ya investiga la posible intervención del crimen organizado en el sector minero, luego de que organizaciones sociales, sindicatos y comunidades afectadas denunciaran que empresas, particularmente de capital canadiense, estarían pactando con grupos armados para operar, controlar territorios y someter a trabajadores y pobladores.
Durante su conferencia matutina, Sheinbaum reconoció que el tema está bajo revisión, aunque aclaró que hasta el momento no existen denuncias formales presentadas ante la Fiscalía General de la República o fiscalías estatales que acrediten esos vínculos. Por ello, hizo un llamado a quienes cuenten con pruebas a presentarlas ante las autoridades judiciales.
La mandataria fue cuestionada sobre las denuncias que apuntan a que mineras canadienses estarían utilizando a la delincuencia organizada para explotar trabajadores, intimidar comunidades y mantener operaciones en zonas de conflicto. En respuesta, sostuvo que no cuenta con evidencia directa de esos hechos, pero subrayó que el asunto se está investigando.
La declaración ocurre después de que el Sindicato Nacional Minero y la Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA) advirtieran sobre la penetración del crimen organizado en regiones mineras del país, donde empresas trasnacionales habrían recurrido a grupos armados para debilitar la organización sindical, amedrentar opositores y sostener proyectos extractivos en medio de violencia y despojo.
REMA ha denunciado actos de violencia “a mano armada” ligados a proyectos de las canadienses Torex Gold Resources y Pan American Silver, señaladas por comunidades de Guerrero y Zacatecas por mantener operaciones en contextos de hostigamiento, despojo territorial y agresiones contra quienes se oponen a sus proyectos.
Aunque Sheinbaum evitó profundizar sobre los presuntos nexos entre empresas mineras y grupos criminales, sí lanzó un señalamiento claro contra las compañías extranjeras: dijo que las mineras canadienses deben cumplir en México con los mismos estándares ambientales y medidas de mitigación que observan en su país de origen, pues muchas veces incumplen aquí lo que sí respetan en Canadá.
“Las mineras canadienses deben cumplir con los criterios ambientales y las medidas de mitigación que a veces cumplen en Canadá y no lo cumplen en México”, sostuvo la presidenta, al tiempo que insistió en que las investigaciones deben sustentarse en denuncias formales y pruebas concretas.
La discusión no es menor. En distintos estados del país, el extractivismo minero se ha convertido en un foco de tensión por el despojo de tierras, la contaminación, la criminalización de defensores del territorio y, ahora, por las denuncias de colusión con grupos del crimen organizado. En ese escenario, la exigencia de comunidades y organizaciones es clara: que el Estado deje de mirar hacia otro lado y actúe frente a la violencia que rodea a la minería trasnacional.
