El Congreso de Veracruz aprobó el desafuero de los alcaldes de Úrsulo Galván, Bertín Bravo Montero, y de Ixhuatlán del Sureste, Raúl González Martínez, ambos emanados de Movimiento Ciudadano (MC), para que puedan ser investigados y procesados por la Fiscalía General del Estado.
La decisión fue avalada con 40 votos a favor y ocho en contra durante dos sesiones extraordinarias celebradas a puerta cerrada.
Investigados por desaparición y homicidio
El alcalde de Úrsulo Galván, Bertín Bravo Montero, enfrenta una investigación por su presunta relación con la desaparición del empresario Héctor Ramos Sánchez y de su escolta Ignacio López, ocurrida el pasado 14 de mayo.
Por su parte, Raúl González Martínez, presidente municipal de Ixhuatlán del Sureste, es señalado por su probable participación en el asesinato de la periodista Roxana Guzmán, caso por el que ya existen ocho personas detenidas.
El Congreso precisó que el desafuero no implica una declaración de culpabilidad, sino que únicamente elimina la inmunidad constitucional para permitir que continúen los procedimientos judiciales.
MC denuncia persecución política
Antes de la votación, los abogados de ambos alcaldes informaron que analizan promover amparos para evitar una eventual orden de aprehensión.
Movimiento Ciudadano calificó los procesos como una persecución política por parte del gobierno estatal y de Morena, por lo que solicitó la intervención de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) para dar seguimiento al caso.
Mientras tanto, se prevé que Pedro de Jesús Rosado Guzmán asuma la alcaldía de Úrsulo Galván y Juliana Ruiz Martínez haga lo propio en Ixhuatlán del Sureste.
