N°2
Por: Chinaco
15/05/23
En un video de Tiktok escuché decir al dirigente de Campesinos Unidos, Baltazar Valdez Armentía, que la política del presidente Andrés Manuel López Obrador está enfocada a ayudar a los agricultores del sur y abandonar a la agricultura comercial.
Los dichos de Baltazar se alinean a los comentarios de políticos dirigentes del PRI, PAN, empresarios agrícolas y muchos campesinos de Sinaloa. Afirman que durante el gobierno de AMLO desaparecieron los programas de apoyo para la adquisición de maquinaria, el diésel agropecuario, los precios objetivos de ASERCA y la Financiera Rural, no existe una política para la agricultura.
Este discurso se ha magnificado ahora con el problema de los precios del maíz y trigo.
No ignoramos que existe realidad en dicha idea, pero es producto que no se entiende que durante el gobierno de la 4T se transitó hacia una política de desarrollo rural, no sólo agrícola. Si bien es cierto, algunos apoyos agrícolas desaparecieron afectando a un sector que siembra, las comunidades y/o ejidos les va mejor en el gobierno de la 4T.
Se debe entender que la agricultura tiene una función en el capitalismo: vender barato para que las empresas puedan pagar salarios bajos en las ciudades.
Entonces, los apoyos durante los gobiernos neoliberales se enfocaron en aumentar la productividad en toda la cadena de producción (productores, comercializadores, financiamiento, aseguramiento, transporte, etc.). Actores en dicha cadena, sobre todo con poder, obtenían subsidio de ISR, devoluciones del IVA, infraestructura (bodegas, silos, rampas), apoyos de almacenamiento (pignoración), maquinaria (tractores, trilladoras, implementos, etc.), para que el producto se mantuviera a precio bajo.
Con esta política para el campo, lo único que llegaba a las comunidades era el Procampo y, en ciertos años, apoyos para alcanzar un precio objetivo cuando en el mercado eran demasiado bajos para mantener viva la actividad (más o menos 500 pesos por tonelada). Sin embargo, en las comunidades pocos obtienen ingresos directos de la agricultura porque del total de los habitantes una minoría tiene tierra. Más aun, por la propia política neoliberal, las personas con tierra comúnmente rentan y los que compraron en su mayoría no viven en las comunidades. Incluso, la concentración de habitantes era reducida porque el precio objetivo sólo incluía ciertos granos como maíz, trigo y frijol, pero no para garbanzo, sorgo y otros.
En un gobierno populista (del pueblo, como lo define Ernesto Laclau y Enrique Dussel en forma positiva) lo que importa es la comunidad y su desarrollo. Es decir, la política se enfoca a la comunidad como ente social, no a la actividad económica (agricultura). Dentro de esas comunidades los apoyos se focalizan a los más desprotegidos.
Es decir, en igual de apoyar a la cadena de producción (bodegueros, empresas financieras, grandes agricultores, compradores) y los productores agrícolas (mayores a 5 hectáreas), el dinero se destina a los habitantes. Hoy en la mayoría de las comunidades donde se producen granos comercialmente, viven personas adultas mayores quienes reciben $ 4,800 bimestrales, las becas Benito Juárez de primaria y secundaria, las becas a estudiantes de preparatoria $ 8,700 pesos al año, personas con discapacidad $ 2,800 bimestrales y las escuelas están recibiendo recursos a través de la “Escuela es Nuestra” de 150 mil a 500 mil pesos. Todos estos programas están en el total de las comunidades rurales y sus hogares, es decir, se pasó de apoyar al 10 % de los hogares de las poblaciones rurales a superar el 50 %.
Sin olvidar que en las comunidades de agricultura de subsistencia existen los programas Sembrando Vida y Producción para el Bienestar (precios de garantía a predios de menos de 5 hectáreas).
Eso no significa que la política rural esté completamente bien y se abandone al sector productivo mediano, es justo que se incluyan precios de garantía para aquellos agricultores con 20 o 30 hectáreas. Lo que no es correcto es volver a aquellos años en donde SuKarne, Minsa, Maseca, Granos Patrón, Jova y los grandes productores se llevaban la mayoría de los apoyos.
Bien por el gobierno de México y Sinaloa en buscar apoyar al sector social de la producción de Sinaloa garantizando $ 6,965 pesos en maíz a los productores, pero no deben cometer el error de volver a las políticas de subsidio a la gran propiedad.
