Por Jonatan Azbat Carrillo
Emma Zermeño denuncia que el caso podría sentar un precedente peligroso para la privacidad y la libertad de expresión en México
La activista por los derechos humanos Emma Zermeño López denunció públicamente que enfrenta un proceso legal derivado de conversaciones privadas de WhatsApp, luego de una denuncia presentada por Almendra Negrete, diputada con licencia del Congreso del Estado de Sinaloa y actual secretaria nacional de Diversidad Sexual de Morena.
Durante una rueda de prensa acompañada por activistas y colectivas feministas, Cermeño aseguró que el caso representa un enfrentamiento desigual entre el poder político y una activista ciudadana, además de un precedente que podría poner en riesgo la privacidad de millones de personas en México.
“Lo que está en juego no es solo mi caso, es la libertad de expresión y la privacidad de todas las personas. Si esto se permite, cualquier conversación privada podría usarse para castigar a una ciudadana”, expresó.
Una denuncia por violencia política en razón de género
De acuerdo con la activista, el proceso inició en octubre pasado cuando fue notificada de una denuncia por violencia política en razón de género, interpuesta por la legisladora con licencia.
La denuncia se basa en capturas de pantalla de una conversación privada de WhatsApp sostenida con un tercero, las cuales fueron presentadas como pruebas dentro del procedimiento electoral.
Entre las medidas solicitadas por Almendra Negrete se encuentran:
- 300 mil pesos por reparación del daño
- La inclusión de Emma Cermeño en el padrón de personas violentadoras del estado
- La inhabilitación para ocupar cargos públicos durante varios años
- Una disculpa pública
- La realización de cursos de sensibilización
- La restitución de la denunciante en su cargo como diputada
Cermeño explicó que entrar en ese padrón implicaría quedar inhabilitada entre dos y tres años para ocupar cargos públicos, además de perder su trabajo.
“Sería la primera persona registrada en esa lista en Sinaloa”, señaló.
“No conozco a la diputada”, afirma la activista
Durante la conferencia de prensa, la activista aseguró que nunca ha tenido contacto directo con la diputada con licencia.
“No conozco a esta persona. Nunca he hablado con ella, nunca hemos compartido un espacio de trabajo ni siquiera la he visto en persona”, afirmó.
Zermeño también cuestionó el argumento de que sus comentarios pudieran impedir el ejercicio de los derechos políticos de la legisladora.
Según explicó, Negrete continúa siendo diputada con licencia y actualmente se desempeña como secretaria nacional de Diversidad Sexual de Morena, por lo que sus derechos políticos permanecen intactos.
El debate legal: chats privados como prueba
Uno de los puntos centrales del caso es la utilización de capturas de pantalla de una conversación privada como evidencia en el proceso judicial.
Cermeño señaló que el Tribunal Electoral del Estado de Sinaloa resolvió inicialmente que no existía violencia política y que las pruebas presentadas eran ilícitas, ya que violaban el derecho constitucional a la privacidad de las comunicaciones.
Sin embargo, la resolución fue impugnada y el caso llegó a la Sala Regional del Tribunal Electoral en Guadalajara, donde se plantearon argumentos distintos para analizar la denuncia.
La activista criticó que en la resolución se utilizaran conceptos como “Wollying, bullying entre mujeres” o “flaming”, términos que, dijo, no están tipificados en la legislación mexicana.
“No puedes crear conceptos y con eso justificar una sanción. Las decisiones judiciales deben basarse en la Constitución y en la ley”, sostuvo.
Colectivas feministas respaldan a Zermeño
Durante la rueda de prensa, diversas colectivas feministas expresaron su respaldo a la activista y manifestaron preocupación por el precedente que podría generar el caso.
En un posicionamiento conjunto, señalaron que el uso de conversaciones privadas como pruebas sancionatorias podría vulnerar derechos fundamentales.
“Se coloca a una activista en una situación de vulnerabilidad frente a estructuras institucionales y al poder político”, señalaron.
También advirtieron que permitir este tipo de criterios podría afectar a periodistas, activistas y ciudadanos que ejercen su libertad de expresión en espacios privados.
El posible impacto para la libertad de expresión
Cermeño advirtió que el caso podría generar un clima de autocensura en la sociedad.
“Si se sostiene este criterio, cualquier conversación privada con amigos, familia o pareja podría filtrarse, sacarse de contexto y convertirse en un castigo público”, señaló.
Para la activista, esto implicaría un riesgo directo para la libertad de expresión y la privacidad.
“Una democracia sana no castiga la intimidad ni convierte conversaciones privadas en herramientas de sanción”, expresó.
Las posibles consecuencias, activista vs poder político
Entre las sanciones que podría enfrentar, Zermeño explicó que existe la posibilidad de perder su trabajo en el servicio público y quedar inhabilitada durante varios años.
Además, la demanda incluye el pago de 300 mil pesos como reparación del daño, una cantidad que aseguró no poder cubrir.
“No tengo los recursos para pagar esa cantidad”, dijo.
El caso podría resolverse en los próximos días
La activista informó que su equipo legal presentó una impugnación ante instancias superiores del Tribunal Electoral, por lo que la resolución podría darse en los próximos días.
Mientras tanto, colectivos y organizaciones civiles continúan manifestando su respaldo.
“Hoy alzo la voz no solo por mí, sino por todas las personas que podrían enfrentar algo similar si se permite que la intimidad sea castigada”, concluyó Zermeño.
