Por: La Dama de Hierro
Al viejo estilo, la educación sufrió de corrupción y moches durante el sexenio anterior; de acuerdo a la investigación de Iniciativa Sinaloa “La tubería rota de los recursos públicos inversión en infraestructura escolar”: constructores aseguraron que solicitaban la entrega de dinero a algún funcionario o funcionaria para poder obtener una adjudicación fue recurrente durante la pasada administración, además de otras prácticas abusivas, como la cláusula donde obligan al empresario a no reclamar cualquier irregularidad en el proceso de asignación de obras.
Basta recordar el escándalo de los moches, donde diputados federales a alcaldes lo pedían a cambio de presupuesto federal, aún hay panistas que persisten en esa práctica ilegal. Y no son solo diputados, también un senador del PAN por San Luis Potosí, a quien dos alcaldes de su estado acusan de haberles pedido el 20% de 16.3 millones de pesos de recursos federales que él —les dijo— gestionó para sus municipios. Por tanto, no son hechos aislados, pero sí prácticas arcaicas y sistémicas.
Obra pública para escuelas: concentrada en redes que operaron con permisividad
Durante la gestión del ex gobernador Quirino Ordaz Coppel (2017-2021), un grupo reducido de contratistas se benefició desproporcionadamente de los fondos destinados a obras en escuelas públicas en Sinaloa, revela una auditoría social realizada por Iniciativa Sinaloa.
El Instituto Sinaloense de Infraestructura Física Educativa (ISIFE) fue el epicentro de esta práctica, donde se concentró el 10% del presupuesto destinado a obras públicas para infraestructura educativa en el estado. Este hallazgo arroja luz sobre una situación preocupante: mientras las escuelas públicas enfrentan desafíos diarios debido a la infraestructura obsoleta o deteriorada, una red de negocios y contratistas se benefició enormemente.
La constructora principal dentro de este grupo es XV Electroconstrucciones, con sede en Culiacán y fundada en 2017, coincidiendo con el inicio del mandato de Ordaz Coppel. Esta empresa, junto con al menos otras tres compañías y tres contratistas individuales, obtuvieron un total de 133 contratos, representando una inversión de 201 millones 552 mil 584 pesos. Sorprendentemente, el 70% de estos contratos fueron otorgados directamente, sin pasar por procesos de licitación o concurso público.
Tabla. Montos en moneda nacional asignados en contratos de ISIFE a contratistas relacionados con la empresa XV Electroconstrucciones.
La investigación revela prácticas sospechosas, como la creación de empresas “fantasma” o simuladas para aparentar una competencia que en realidad no existe. Esta estrategia no solo socava la transparencia, sino que también podría violar la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Sinaloa, que prohíbe la colusión entre particulares en contratos públicos.
La magnitud del problema se hace evidente al observar que los diez principales contratistas de ISIFE acumulan el 19% del total de los contratos del instituto durante el período en cuestión. Esto significa que casi una quinta parte de las obras se concentran en manos de un grupo selecto de proveedores, lo que puede distorsionar gravemente la competencia en el sector de la construcción y abrir la puerta a prácticas monopólicas.
Además de la empresa XV Electroconstrucciones, también una de sus socias y el comisario en lo individual, como personas físicas recibieron contratos. Este último, además, es socio de otros dos negocios del ramo de la construcción con sede en Culiacán, con los que acumulan un mayor número de contratos.
1) CONSTRUCCIONES ELECTROMECÁNICAS OMAR SA de CV
2) MA MULTICONSTRUCCIONES ELÉCTRICAS SA DE CV
Fuente: Infografía tomada de la investigación de Iniciativa Sinaloa, con base en información del Registro Público de Comercio (SIGER).
Además, se descubrió que muchas de las licitaciones presentaban anomalías, como la participación de múltiples integrantes de la misma red en un solo proceso, o la falta de información sobre los licitantes en algunos casos. Estas irregularidades plantean serias dudas sobre la integridad y la equidad de los procesos de contratación pública en el estado.
En suma, la concentración de contratos en un reducido grupo de contratistas, junto con prácticas cuestionables durante los procesos de licitación, sugiere la urgente necesidad de una revisión exhaustiva de las políticas y procedimientos de contratación pública en Sinaloa, para garantizar la transparencia, la competencia justa y el uso adecuado de los recursos públicos en beneficio de la comunidad educativa y la sociedad en su conjunto.
La sociedad civil organizada demanda rendición de cuentas, transparencia y honestidad. Ya no hay cabida para las causas disfrazadas de buenas intenciones, se requieren ciudadanos con una firme convicción por atender las causas sociales y no un ideario de justicia social selectiva que combata estas prácticas.
