Ciudad de México. En una sesión nocturna, la Cámara de Diputados aprobó la reforma que incluye la extorsión, el tráfico de fentanilo y el contrabando de facturas falsas en el catálogo de delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa. La medida, que fue votada con 335 votos a favor y 108 en contra, se envió al Senado para su ratificación.
La reforma también excluyó de este catálogo el narcomenudeo y la defraudación fiscal. A petición de la Fiscalía General de la República, se decidió añadir el tráfico de precursores químicos y sustancias esenciales para la producción de drogas sintéticas, como el fentanilo, debido a su grave impacto en la salud pública.
El coordinador de Morena, Ricardo Monreal, presentó desde la tribuna los ajustes a la reforma y explicó la dificultad de excluir la defraudación fiscal del listado, aunque destacó la necesidad de una futura reforma fiscal profunda. Según Monreal, “México necesita una distribución más equitativa de la riqueza, lo cual exige un mayor esfuerzo de quienes más tienen“.
La iniciativa original, presentada durante el gobierno del ex presidente Andrés Manuel López Obrador, proponía incluir el narcomenudeo y la defraudación fiscal en el catálogo de delitos graves. Sin embargo, Monreal justificó la exclusión del narcomenudeo con el argumento de dar un enfoque social que permita la convivencia pacífica y la restauración del tejido social, especialmente en beneficio de los jóvenes.
Por otro lado, la exclusión de la defraudación fiscal fue motivo de un intenso debate en el seno de Morena y sus aliados. Monreal subrayó que la decisión fue tomada en un contexto de diálogo con sectores económicos, bajo el compromiso de actuar con responsabilidad en beneficio del país.
Asimismo, Monreal explicó que se cerrarán las posibilidades para que los jueces puedan liberar a presuntos delincuentes mediante “argucias de carácter técnico-jurídico”, insistiendo en que los jueces deberán seguir la literalidad de la norma en los casos de prisión preventiva de oficio.
Este cambio legislativo busca fortalecer la lucha contra los delitos que afectan gravemente a la sociedad mexicana y contribuir a la paz y seguridad nacionales.
