En una investigación del diario Milenio revisando informes de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) ha puesto en evidencia un presunto desvío de casi 2 mil millones de pesos de fondos federales destinados a fortalecer la seguridad pública en 30 estados del país. Estos recursos, que forman parte del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP), no han sido justificados adecuadamente por los gobiernos estatales en cuestión.
El FASP es una herramienta fundamental para el fortalecimiento de la infraestructura y recursos de las fuerzas de seguridad del país, destinados a la formación de policías, la adquisición de equipo y la mejora de instalaciones y redes de telecomunicaciones. Sin embargo, en lugar de ser utilizados de manera transparente y eficiente, se ha descubierto que una parte importante de estos fondos fue mal gestionada, sin que existan pruebas documentales válidas para comprobar su uso.
La ASF mantiene abiertas 173 investigaciones sobre los fondos transferidos entre 2016 y 2023, y señala a cinco estados que concentran la mitad de los recursos presuntamente malgastados: Veracruz, Chihuahua, Aguascalientes, Colima y Coahuila. Estos estados, con un total de mil 14 millones de pesos sin justificar, arrastran serias irregularidades en sus cuentas.
En Veracruz, por ejemplo, no se logró justificar el uso de 310.3 millones de pesos entre 2016 y 2017, durante el gobierno de Javier Duarte. En Chihuahua, la administración de César Duarte dejó un presunto desfalco de 232.1 millones de pesos, de los cuales más del 70 por ciento corresponde a 2016. Aguascalientes tiene pendientes cuentas por 180 millones de pesos, la mayoría de ellos correspondientes al periodo 2016-2022, bajo la gestión de Martín Orozco.
El estado de Colima, conocido por ser el más violento del país, presenta irregularidades por 155.8 millones de pesos, de los cuales el 90 por ciento corresponde al año 2023, en el actual gobierno de Índira Vizcaíno. Finalmente, Coahuila muestra un daño patrimonial de 136 millones de pesos, de los cuales el 82 por ciento data de los años 2016 y 2017, bajo la administración de Rubén Moreira.
Las investigaciones continúan, y la ASF mantiene su seguimiento en un intento por esclarecer el destino de estos fondos, fundamentales para la seguridad de los ciudadanos. La transparencia y la correcta utilización de los recursos destinados a la seguridad pública continúan siendo un tema crucial para la administración federal.
