Por: Erick Calderón
A partir de las recientes noticias sobre el manejo de los animales domésticos en situación de calle en Los Mochis, el debate público ha vuelto a exhibir una crisis que trasciende la anécdota, el escándalo coyuntural o el señalamiento personal. No se trata únicamente de si un funcionario en particular ha hecho o no lo suficiente, sino de una falla estructural en la forma en que el poder público concibe su relación con la vida no humana, con la ciudadanía organizada y, en última instancia, con el entorno biológico que hace posible nuestra existencia.
En este contexto, diversas organizaciones defensoras de los animales, entre ellas Patitas con causa, han señalado directamente al encargado del Centro de Bienestar Animal de Ahome, a regidores y a otras figuras públicas como responsables de la inacción, la simulación o la indiferencia frente al abandono, el maltrato y la reproducción descontrolada de perros y gatos en la vía pública.
Las respuestas de algunos servidores públicos —documentadas incluso en conversaciones difundidas en redes sociales— revelan un patrón alarmante: una comunicación deficiente, cargada de falacias y evasivas, que sustituye el argumento por la descalificación. Frases como “¿tú qué has hecho?”, “adóptalos tú”, “hay problemas más importantes” o “no hay dinero” no solo son pobres desde el punto de vista retórico, sino éticamente irresponsables y políticamente reveladores.
Este tipo de respuestas no provienen de un análisis informado, sino de un profundo desconocimiento de los marcos legales, científicos y éticos que deberían guiar cualquier declaración o política pública en materia de bienestar animal. No hay comprensión real de lo que implica la salud pública veterinaria, el control ético de poblaciones animales, la zoonosis, la ecología urbana o, de manera más amplia, la bioética como disciplina que articula ciencia, humanidades y toma de decisiones responsables sobre la vida.
En este caso, recurrir a la bioética, es una necesidad urgente ya que contextos como el sinaloense, los principales conflictos sociales, económicos y ambientales están directamente relacionados con nuestra interacción biológica con el entorno.
En Sinaloa, como en gran parte del país, predomina una visión cultural profundamente antropocentrista, donde los animales existen en función del ser humano: para servirle, entretenerle, alimentarle o sacrificarse en nombre de tradiciones, apuestas o creencias religiosas. Esta mirada, heredada y raramente cuestionada, explica en parte por qué el abandono animal suele vivirse como un acto casi automático y despersonalizado: se “tira” al animal con la expectativa tácita de que alguien más se hará cargo, o con la certeza silenciosa de que probablemente nadie lo hará.
Nada de esto exime a la sociedad de su responsabilidad directa en el abandono y el maltrato animal; sin embargo, cuando estas prácticas se vuelven masivas y estructurales, corresponde al Estado intervenir con criterios éticos, científicos y preventivos. La reacción individual —muchas veces impulsiva y poco racional— nace de la normalización del abandono y de la ausencia de redes institucionales confiables. Paradójicamente, mientras las comunidades digitales sancionan cada vez con mayor severidad el maltrato animal injustificado, en la vida cotidiana persisten prácticas heredadas que contradicen ese nuevo consenso moral emergente.
Resulta especialmente grave que, frente a este panorama, los funcionarios públicos reduzcan el problema a la falta de recursos económicos. La escasez presupuestal es real, pero convertirla en excusa permanente evidencia una incapacidad de gestión y de imaginación política. Se ignora sistemáticamente el recurso humano: la participación ciudadana organizada, el trabajo interdisciplinario con universidades progresistas y democráticas, veterinarios, biólogos, filósofos, juristas y comunicadores, así como la posibilidad de campañas educativas, programas comunitarios permanentes de esterilización, adopción responsable y corresponsabilidad social.
Esta fragilidad institucional no se limita al ámbito municipal. Sinaloa también enfrenta deficiencias profundas en la atención de fauna silvestre, lo que pone en evidencia carencias técnicas incluso en instancias federales encargadas de la protección ambiental. El caso reciente del lobo marino herido en el puerto de Topolobampo lo ilustra con crudeza: aunque la Capitanía del Puerto reportó el caso a la Profepa, la propia dependencia reconoció no contar con personal especializado para atender al animal, limitando su actuación a un monitoreo sin auxilio inmediato.
Este hecho evidencia un vacío operativo preocupante. Si una institución federal carece de capacidad para responder con prontitud ante un caso de fauna marina vulnerable, ¿qué puede esperarse de las autoridades locales frente a problemas más complejos como el abandono masivo de animales domésticos o ferales? Casos similares en otros estados muestran que no se trata de una excepción regional, sino de una falla sistémica en la gestión pública ambiental.
El problema adquiere mayor dimensión al observar ejemplos nacionales. El caso del Refugio Franciscano Animal en Cuajimalpa, documentado por el periodista Ricardo Raphael, revela cómo incluso administraciones que se asumen progresistas pueden vulnerar el bienestar animal cuando entran en juego intereses políticos e inmobiliarios. La presunta venta irregular de un predio destinado por testamento al cuidado permanente de animales abandonados, el desalojo y el traslado forzado de los perros confirman que, cuando el criterio rector no es el reconocimiento de los animales como seres sintientes, el daño institucional se vuelve estructural.
A todo ello se suman riesgos biológicos que rara vez se discuten con la seriedad necesaria. La proliferación descontrolada de animales domésticos y ferales favorece la expansión de parásitos como pulgas y garrapatas, incrementa la exposición a enfermedades transmisibles y agrava problemas de salubridad vinculados a la acumulación de desechos orgánicos y cadáveres. La introducción de especies invasoras, como el pez diablo, y la selección artificial llevada a extremos grotescos en ciertas razas domésticas forman parte de la misma lógica instrumental que trivializa el sufrimiento animal y compromete el equilibrio ecológico.
La pandemia de COVID-19 debió haber marcado un punto de inflexión definitivo. El consenso científico mayoritario reconoce su origen zoonótico, al igual que ocurrió —o se sospechó— con la influenza H1N1 y como sigue ocurriendo con las gripes aviares que cada vez infectan a más humanos. Sin embargo, esta experiencia global no ha transformado de fondo nuestras prácticas ni nuestras políticas públicas. Seguimos actuando como si estos eventos fueran excepciones y no síntomas de una crisis biológica más profunda.
En este contexto, conviene invertir la acusación que con frecuencia se lanza desde el poder contra activistas, rescatistas y organizaciones civiles.
La denuncia ciudadana y el trabajo de las organizaciones defensoras de los animales no son el problema, sino el síntoma de un Estado que ha renunciado a pensar universal y éticamente la vida, una situación que ha provocado en otros contextos una rebelión popular contra decisiones estatales. Mientras no se asuma esta responsabilidad, seguiremos reaccionando tarde, mal y desde la superficialidad, frente a problemas que exigen conocimiento, diálogo y una profunda transformación cultural. Este tema resulta especialmente revelador porque entra en abierta contradicción con el marco legal, los discursos y las recomendaciones impulsadas desde el propio Ejecutivo federal. Si la presidenta de la República ha sido clara en reconocer a los animales como sujetos de consideración moral y en promover políticas de bienestar animal, resulta incomprensible la falta de sensibilidad —y de coherencia— de funcionarios y administraciones que se dicen afines a ese proyecto político. Se trata de una incongruencia ideológica mayúscula.
No entender esto es quedarse en la superficie del problema. El abandono y el maltrato animal no son solo una cuestión moral o de sensibilidad individual: son la antesala de conflictos sanitarios, ambientales y sociales de mayor escala. Lo que hoy se percibe como una crisis local es, en realidad, apenas la punta de un iceberg que seguimos empeñados en ignorar.
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