Por Jonatan Azbat Carrillo
Hablar del caso de la periodista Sheila Arias no es colocarla en el lugar de víctima, es asumir su experiencia como punto de partida para entender una realidad más amplia: en Sinaloa, ejercer el periodismo sigue teniendo consecuencias. Las amenazas no son hechos aislados, forman parte del contexto desde el cual se informa.
Quienes hacemos periodismo en el estado lo sabemos. Las advertencias no siempre llegan de manera explícita; muchas veces provienen de posturas del poder económico y político que no toleran el cuestionamiento, la investigación o la visibilización de lo que incomoda. Son mensajes directos, presiones, descalificaciones públicas, campañas de desprestigio o silencios impuestos que buscan marcar límites a lo que puede decirse.
El caso de Sheila Arias se suma a una historia larga y dolorosa. En Sinaloa, el asesinato de Javier Valdez evidenció de forma brutal los riesgos del periodismo crítico, pero no fue un punto final. Después vinieron otros episodios: agresiones y amenazas contra periodistas de Ríodoce, Noroeste y diversos medios locales; reporteras y reporteros que han sido intimidados por su cobertura de temas de seguridad, corrupción o abuso de poder; comunicadores que han tenido que modificar rutinas, abandonar coberturas o incluso salir del estado para proteger su vida.
Los datos oficiales confirman que esto no es percepción. De acuerdo con el Instituto para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas en Sinaloa, desde agosto de 2022 y hasta enero de 2026 147 periodistas han sido atendidos tras sufrir algún tipo de agresión. La amenaza es el hecho violatorio más recurrente, seguida de intimidaciones en domicilios, obstaculización y descalificación de la labor periodística, sustracción de equipo, censura, daños a vehículos y, en los casos más graves, privación de la libertad.
El origen de estas agresiones desmonta cualquier narrativa cómoda. No solo provienen de particulares vinculados o no a actividades criminales, sino también de servidores públicos municipales, estatales, federales, de primer nivel y servidores públicos armados. Es decir, el riesgo también nace desde estructuras de poder político y económico que deberían garantizar la libertad de expresión, no condicionarla.
El propio Instituto reconoce que no existen medidas generales de protección, porque cada caso implica vulnerabilidades distintas. Por ello, se han emitido 1,603 medidas de protección en poco más de tres años: apoyo psicológico, cámaras de seguridad, rondines, escoltas, asesoría jurídica, refuerzos en domicilios y herramientas de seguridad digital. Que estas medidas sean necesarias habla de un problema estructural: informar sigue siendo una actividad que incomoda al poder.
Entre septiembre de 2024 y enero de 2026 se registraron 61 agresiones contra periodistas en Sinaloa. El 68% de ellas provinieron de particulares, pero una parte significativa involucró directamente a actores del gobierno. Aunque el 84% de las víctimas han sido hombres, las mujeres periodistas también enfrentan agresiones, muchas veces atravesadas por dinámicas de deslegitimación y violencia simbólica.
Desde el activismo y el periodismo, el problema no es solo la existencia de agresiones, sino su normalización. Que la crítica al poder político y económico siga generando amenazas evidencia que la libertad de expresión continúa siendo tolerada solo mientras no incomode intereses.
El caso de Sheila no es una excepción ni un episodio personal. Es parte de una cadena que lleva años repitiéndose en Sinaloa. Y aun así, se sigue informando. No por romanticismo ni heroísmo, sino porque callar nunca ha sido una opción real para quienes creemos que nombrar la realidad también es una forma de defenderla.
Así que callar periodistas en Sinaloa no es un error, es una estrategia.
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