Chilpancingo, Guerrero. Los restos óseos de cinco campesinos asesinados por elementos del Ejército mexicano durante la Guerra Sucia en la sierra de Ajuchitlán del Progreso, en la Tierra Caliente de Guerrero, fueron entregados a sus familias por la Fiscalía General del Estado (FGE), medio siglo después de los crímenes.
Los cinco campesinos fueron ejecutados en las localidades de Los Espadines y Las Desdichas, durante la represión estatal que marcó las décadas de 1969 a 1979.
“Solo nos entregaron cinco restos, pero aún nos faltan dos, además de uno más que sigue desaparecido”, expresó Estela Arroyo Castro, dirigente de un colectivo que representa a víctimas de violaciones a derechos humanos.
Tras la entrega, las familias trasladaron los féretros a las instalaciones de la 35 Zona Militar, donde se llevó a cabo un homenaje en memoria de las víctimas. Posteriormente, los ataúdes fueron llevados a la Alameda Granados Maldonado en Chilpancingo, donde se rindieron honores.
Demandas de justicia y apertura de archivos
Durante el homenaje, Octaviano Gervasio Serrano, del Colectivo de Esposas e Hijos de Desaparecidos y Desplazados, exigió justicia y transparencia a las autoridades militares.
“El Ejército sabe toda la verdad sobre lo ocurrido, pero guarda silencio”, acusó Octaviano.
También pedía a la presidenta Claudia Sheinbaum la apertura de los archivos de la represión de los años 70.
“Fue terrorismo de Estado y crímenes de lesa humanidad. No descansaremos hasta saber la verdad sobre nuestros padres y familiares desaparecidos forzadamente”, puntualizó.
Este evento se suma al largo reclamo de justicia por parte de colectivos y familiares de desaparecidos que buscan esclarecer las atrocidades cometidas durante la Guerra Sucia, una de las épocas más oscuras de la historia reciente de México.
¿Cuándo y qué fue la Guerre Sucia?
La Guerra Sucia fue un periodo de represión estatal en México que tuvo lugar principalmente entre las décadas de 1960 y 1980. Durante este tiempo, el gobierno mexicano, encabezado por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), utilizó métodos ilegales y represivos para combatir movimientos sociales, estudiantiles, guerrilleros y otros opositores políticos, bajo el pretexto de proteger la seguridad nacional.
Contexto histórico
La Guerra Sucia se desarrolló en un contexto de crecientes desigualdades sociales, descontento político y demandas por democracia, justicia y derechos humanos. Movimientos guerrilleros como la Asociación Cívica Nacional Revolucionaria (ACNR) liderada por Genaro Vázquez y el Partido de los Pobres de Lucio Cabañas surgieron en regiones rurales, particularmente en estados como Guerrero, Oaxaca y Chiapas, mientras que en las ciudades los movimientos estudiantiles ganaban fuerza, como el del Movimiento Estudiantil de 1968, que culminó en la matanza de Tlatelolco.
El Estado mexicano, mediante el Ejército, la Dirección Federal de Seguridad (DFS) y otras fuerzas policiales, utilizó prácticas de represión severa, muchas de ellas consideradas como crímenes de lesa humanidad, tales como:
- Desapariciones forzadas: Miles de personas fueron detenidas y nunca más se supo de su paradero.
- Torturas: Las fuerzas de seguridad emplearon métodos inhumanos para obtener información o castigar a opositores.
- Ejecuciones extrajudiciales: Personas detenidas eran asesinadas sin juicio previo.
- Fosas clandestinas y vuelos de la muerte: En algunos casos, los cuerpos eran arrojados desde aviones para desaparecer evidencia.
- Espionaje y persecución: Se vigilaba, acosaba y encarcelaba a activistas, intelectuales y ciudadanos que se consideraban subversivos.
Principales afectados
- Campesinos, activistas, estudiantes, intelectuales, periodistas y líderes comunitarios.
- Familias de desaparecidos, quienes hasta hoy exigen justicia.
Consecuencias
El saldo de la Guerra Sucia incluye miles de muertos y desaparecidos. El gobierno de México ha reconocido más de 1,200 desapariciones forzadas, aunque los números reales podrían ser mucho mayores.
Memoria y justicia
A pesar de los esfuerzos por esclarecer este periodo, como los llevados a cabo por la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado (FEMOSPP), creada en 2001, pocas víctimas han obtenido justicia. La impunidad y la falta de apertura de archivos militares son obstáculos persistentes. Este periodo sigue siendo una herida abierta en la memoria histórica de México.
