Por Redacción Mesa Reservada | 23 de abril de 2025
A tan solo 38 días de la elección judicial más polémica del México reciente, altos funcionarios del Estado reconocen que al menos una veintena de candidatos a jueces y magistrados podrían tener vínculos con el crimen organizado. La denuncia directa fue hecha por el presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, quien señaló que en la boleta ya hay perfiles comprometidos. La presidenta Claudia Sheinbaum coincidió en que deben ser descalificados, pero el procedimiento legal para hacerlo sigue sin claridad ni consenso.
“Si hay un vínculo con el crimen o no cumplen con los requisitos constitucionales, como el promedio mínimo de 8, pueden ser impugnados ante el TEPJF”, dijo Sheinbaum. Sin embargo, ni el INE ni el Tribunal Electoral tienen facultades para investigar ni sancionar a los candidatos por sospechas. La falta de un mecanismo legal adecuado deja en vilo la legitimidad del proceso.
Candidatos bajo la lupa
La organización civil Defensorxs denunció públicamente 13 candidaturas con antecedentes preocupantes, incluyendo vínculos con desapariciones forzadas, defensas a criminales de alto perfil y detenciones por posesión de armas y drogas. Entre ellos destacan:
- Fernando Escamilla Villarreal, exdefensor de Miguel Ángel Treviño Morales, “El Z40”, busca ser juez de distrito.
- Andrés Montoya, exfuncionario penitenciario vinculado con la desaparición del periodista Alfredo Jiménez.
- Jesús Humberto Padilla, detenido en 2023 con droga y armamento, validado por el Comité del Legislativo.
¿Reforma o regresión?
La Asociación de Magistrados y Jueces Federales (Jufed) alertó que este proceso “entrega la justicia al crimen” y debilita la independencia judicial. Recordaron que tanto la ONU como la CIDH han advertido que la elección de jueces por voto popular, sin criterios claros de mérito e imparcialidad, representa una regresión democrática.
“Lo dijimos desde el inicio: esta reforma judicial no es un acto democrático, es un mecanismo de cooptación. Ahora lo reconocen incluso quienes la impulsaron”, denunció Jufed.
Opinión internacional: una advertencia clara
El exembajador de EE.UU. en México, Ken Salazar, fue contundente:
“A los cárteles de la droga les resultará más fácil infiltrarse en el Poder Judicial si se aprueba un plan para que los jueces sean elegidos por voto popular”.
¿Y ahora qué?
La falta de herramientas legales claras y la urgencia política por legitimar la reforma judicial colocan al país ante una encrucijada: ¿garantizar elecciones libres o proteger la independencia judicial?
Mientras tanto, los perfiles ya están en las boletas, y el reloj corre.
