Con la expresión “Con las niñas y los niños no” resonando desde la tribuna del Congreso, diputadas de distintos partidos celebraron la aprobación de una reforma trascendental al Código Penal de Sinaloa, que eleva a hasta 50 años de prisión las penas por homicidio doloso en contra de niñas, niños y adolescentes.
Con 38 votos a favor y sólo dos abstenciones, el dictamen reforma los artículos 134 y 139 del Código Penal estatal para tipificar el homicidio agravado por minoría de edad, además de incrementar significativamente las penas mínimas y máximas para este delito. Se trata de una respuesta legislativa ante el alarmante aumento de violencia contra la niñez en la entidad, que en menos de un año ha registrado más de 50 homicidios infantiles, según datos proporcionados por las propias legisladoras.
Reforma que responde a una deuda histórica
Desde la tribuna, la diputada de Morena y presidenta de la Junta de Coordinación Política, María Teresa Guerra Ochoa, subrayó que esta reforma representa un avance luego de más de tres décadas sin modificaciones a las penas por homicidio, incluso a pesar de graves crisis de violencia como las registradas en 2008, 2010, 2017 —durante el llamado “primer Culiacanazo”— y los recientes enfrentamientos armados entre grupos delictivos.
“Han pasado más de 30 años sin que se ajustaran estas penas. El homicidio simple seguía castigándose con apenas 8 a 12 años. Hoy lo subimos a 20 a 24 años. Para el homicidio doloso, la pena mínima pasa de 22 a 25 años, y se mantiene una máxima de 50”, explicó.
Sin embargo, Guerra Ochoa advirtió que aumentar las penas no basta:
“Este es solo un paso. El gran reto está en reducir la impunidad. Para eso, debemos fortalecer el Ministerio Público, mejorar las capacidades de las policías, y garantizar que haya investigación, detención y castigo efectivo. No sirve una ley si no se aplica.”
También señaló que esta reforma se suma a otras aprobadas recientemente, como las relacionadas con el robo de vehículos, uso de ponchallantas, halconeo, y la necesidad urgente de aumentar el presupuesto para seguridad pública, la Fiscalía y el Poder Judicial.
“Por cada niña y niño que ya no está”: PAN visibiliza rostros de la tragedia
Por su parte, la diputada del PAN Roxana Rubio Valdez, visiblemente conmovida, utilizó la tribuna para nombrar a varios menores víctimas de homicidio en los últimos meses. Su mensaje fue directo:
“Por cada niña y niño que no está con nosotras, y por cada familia que vive con miedo, trabajamos esta reforma. Es una luz de justicia que esperamos que llegue a quienes lo necesitan.”
Rubio Valdez destacó que con esta reforma se impide que los homicidas de menores accedan a beneficios procesales como el procedimiento abreviado, que en muchos casos reducía drásticamente sus condenas:
“No puede ser que alguien que arrebata una vida inocente salga en unos cuantos años. Hoy cerramos esa puerta.”
Además, subrayó que el Congreso responde así al llamado de la sociedad civil:
“La reforma no repara el dolor, pero sí envía un mensaje claro: en Sinaloa, quien toque a un menor pagará con todo el peso de la ley.”
Yeraldine Bonilla: “Se trata de construir un marco legal más humano”
Desde el Partido Verde, la diputada y presidenta de la Mesa Directiva, Yeraldine Bonilla Valverde, coincidió en que esta reforma representa un acto de justicia, prevención y dignidad.
“Estamos ante una de las expresiones más crueles de la violencia. Ninguna pena puede devolver una vida, pero endurecer la ley sí ayuda a construir un marco jurídico más humano. Este Congreso manda un mensaje contundente: no hay tolerancia para quien asesine a una niña, niño o adolescente.”
Bonilla, también presidenta de la Comisión de Justicia que dictaminó el proyecto, remarcó que esta decisión legislativa no es punitivista, sino parte de una visión de futuro:
“Se apuesta por un cambio cultural, por una Sinaloa más justa, más pacífica, más digna para la infancia.”
“Aquí no hay colores, hay vidas que proteger”
El diputado Jorge González, también presente en la sesión y acompañante de la bancada del PAN, expresó que este tipo de iniciativas demuestran que los acuerdos políticos son posibles cuando se trata de la niñez:
“Aquí no hay colores. Hay vidas que proteger. Esta reforma es el resultado de escuchar a las familias y actuar con responsabilidad.”
Una reforma que marca precedente
Con estas modificaciones, Sinaloa se coloca entre los estados con legislación más severa en casos de homicidio infantil, alineándose con entidades como el Estado de México. La reforma también refleja una voluntad política transversal que incluye partidos del oficialismo y oposición, un gesto que, en medio de la polarización nacional, cobra especial relevancia.
Aunque el camino para erradicar la violencia contra la infancia está lejos de concluir, este 29 de julio el Congreso del Estado dio un paso decisivo para reconocer, proteger y defender el derecho a la vida de niñas, niños y adolescentes, como lo reiteraron todas las voces desde tribuna:
“Con las niñas y los niños no.”
