María Teresa Guerra Ochoa, presidenta de la Jucopo, señala que no hay base legal para restituir al exalcalde de Ahome tras su desafuero y vinculación judicial
Durante una intervención en el Pleno del Congreso del Estado, la diputada María Teresa Guerra Ochoa, presidenta de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), fue contundente: Gerardo Vargas Landeros no puede ser restituido en su cargo como alcalde de Ahome, toda vez que ya se encuentra vinculado a proceso penal, lo cual jurídicamente lo inhabilita para ejercer cualquier función pública de elección popular.
La legisladora precisó que conforme a los artículos 135 y 136 de la Constitución Política del Estado de Sinaloa, una persona vinculada a proceso no puede desempeñarse en cargos públicos, y en tanto no se resuelva el juicio penal en su contra, la restitución es legalmente imposible.
“La situación jurídica del quejoso hoy es otra a la del 2 de mayo, cuando se emitió la declaratoria de procedencia. Estar vinculado a proceso impide su regreso a cualquier cargo con fuero”, subrayó Guerra Ochoa.
Declaratoria de procedencia es inatacable por amparo
Guerra Ochoa también reiteró que la declaratoria de procedencia emitida por el Congreso sinaloense contra Vargas Landeros no puede ser combatida mediante juicio de amparo, ya que es una facultad soberana del Poder Legislativo, así lo resolvió la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la queja 3321.
Señaló que incluso un juez federal en Zacatecas ya negó la suspensión provisional solicitada por el exalcalde, al considerar que no aportó suficientes elementos de prueba. Además, enfatizó que no es posible conceder suspensiones contra actos ya ejecutados, como lo establece la jurisprudencia 44/2004 de la Suprema Corte.
Congreso actuó conforme a la ley
En representación de todos los grupos parlamentarios, Guerra Ochoa afirmó que el Congreso de Sinaloa actuó con apego estricto a la Constitución y denunció intentos de manipular el sistema judicial para revertir una decisión legal.
“Lo que está en curso no es solo un proceso penal, es también la defensa del Estado de Derecho frente a intentos de impunidad”, dijo.
El posicionamiento fue respaldado por unanimidad por las y los coordinadores de Morena, PRI, PAN, PVEM, MC, PAS y PT, así como la presidenta de la Mesa Directiva, Geraldine Bonilla Valverde.
