Congreso de Sinaloa crea Vicefiscalía para proteger a periodistas y defensores de derechos humanos

Por unanimidad, el Congreso del Estado de Sinaloa aprobó la creación de la Vicefiscalía Especializada de Derechos Humanos, Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, con el objetivo de atender de forma inmediata y con perspectiva de género las agresiones contra estos sectores vulnerables.

Reforma con impacto directo en la protección de derechos

El dictamen fue aprobado por las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y Gobernación, y de Justicia. La reforma modifica el artículo 5 de la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, y adiciona disposiciones al Código Penal del Estado y la Ley Orgánica de la Fiscalía General.

Investigación inmediata y obligatoria

Con esta reforma, se establece que la nueva Vicefiscalía dependerá directamente de la Fiscalía General del Estado y tendrá la obligación de investigar, de manera inmediata y oficiosa, toda agresión contra periodistas y defensores de derechos humanos, considerando el enfoque de género como principio rector.

México: uno de los países más peligrosos para el periodismo

Durante la exposición de motivos, las y los legisladores subrayaron que esta reforma responde al contexto nacional, donde ejercer el periodismo o defender derechos humanos continúa siendo una labor de alto riesgo. La iniciativa busca garantizar el acceso a la justicia, prevenir agresiones y asegurar la reparación del daño.

Aprovechamiento de estructuras existentes

Se aclaró que ya existe una Vicefiscalía de Derechos Humanos en la Fiscalía de Sinaloa, pero sin facultades específicas en estos temas. Por ello, se amplía su competencia y se evita crear una estructura completamente nueva, en cumplimiento con los principios de austeridad republicana.

Un avance largamente postergado

Esta reforma representa una respuesta a una demanda social y legal aplazada por años. La creación de esta Vicefiscalía significa un paso importante para la protección efectiva de quienes defienden la verdad y los derechos, pilares de toda democracia.

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