Desde el lunes 9 de septiembre, Sinaloa ha estado inmerso en una serie de violentos enfrentamientos entre facciones del Cártel de Sinaloa, que disputan el control del territorio tras ladetención de “El Mayo” Zambada. Lo que comenzó como un conflicto focalizado en áreas rurales pronto escaló, afectando también la periferia de Culiacán, la capital del estado.
La población, testigo de la circulación de convoyes de hombres armados por las calles, se sintió abandonada por las autoridades, quienes durante los primeros días no pudieron controlar la situación. A través de las redes sociales y los medios de comunicación, los ciudadanos compartieron imágenes de vehículos blindados y sujetos fuertemente armados que se movían con total libertad por varias zonas de la ciudad. A pesar de esto, las autoridades, encabezadas por el secretario de Seguridad de Sinaloa, General Mérida Sánchez, intentaron calmar a la población con mensajes que restaban importancia a lo que ocurría.
El punto álgido de la violencia se vivió el miércoles 11 de septiembre, cuando la situación se volvió incontrolable. Levantones, enfrentamientos armados y convoyes de delincuentes circulando por Culiacán generaron una atmósfera de temor entre los habitantes. La histeria colectiva se intensificó cuando, durante un tiroteo en la comunidad de Quila, un camión de trabajadores de una empresa productora de carne quedó en medio del fuego cruzado, resultando en al menos cuatro personas heridas por armas de fuego. La declaración del secretario de Seguridad, quien afirmó desconocer si estas personas estaban relacionadas con el conflicto, aumentó el malestar social.
Ante la gravedad de los hechos, el jueves 12 de septiembre el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, tomó la decisión de suspender las clases en las zonas afectadas, extendiendo la suspensión hasta el viernes y cancelando las celebraciones de la independencia. Si bien la medida fue bien recibida por algunos, la mayoría de los sinaloenses la consideró tardía. La crítica principal de la ciudadanía ha sido la lentitud con la que se actuó, especialmente considerando el contexto de violencia que la región ha vivido en años anteriores.
Paralelamente a estos hechos, se ha desarrollado otro conflicto en el ámbito político. El Congreso del Estado ha iniciado una consulta sobre la reforma a la Ley Orgánica de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS), que busca modificar el régimen bajo el cual ha operado la universidad durante casi 20 años. En medio de la ola de violencia, las autoridades universitarias decidieron suspender todas las actividades académicas y administrativas en la entidad, no solo en las zonas afectadas. Esta decisión ha generado suspicacias, ya que muchos creen que la universidad utilizó la violencia como pretexto para evitar que la comunidad universitaria participara en la consulta convocada por el Congreso. A pesar de ello, algunas personas valientes lograron instalar mesas receptoras de votaciones en áreas afectadas por la violencia.
El miércoles 11 de septiembre, la fiscalía del estado informó que hasta ese día se habían registrado nueve personas asesinadas, catorce desapariciones forzadas y once heridos por arma de fuego. Estos números, sin embargo, no reflejan el impacto emocional y psicológico que los eventos recientes han tenido en la población. Las críticas no han tardado en surgir, tanto de ciudadanos como de expertos en seguridad, quienes recalcan que las fuerzas del orden deben enfocarse en prevenir y disuadir la violencia, en lugar de reaccionar cuando ya es demasiado tarde.
A pesar de la tardía intervención de las fuerzas de seguridad de todos los niveles del gobierno, la sociedad sinaloense sigue expresando su descontento. Los sinaloenses no solo exigen justicia, sino también una estrategia de seguridad más efectiva que priorice la protección de los ciudadanos y la prevención de la violencia. Especialistas en seguridad señalan que una intervención más temprana y eficaz podría haber evitado el caos que se vivió durante esos días.
En redes sociales, el descontento de los ciudadanos es evidente. Muchos critican la falta de empatía de algunos funcionarios y empresarios, que obligaron a sus empleados a continuar trabajando a pesar del peligro en las calles. Uno de los casos más comentados fue el de una cadena de supermercados que exigió a sus trabajadores firmar responsivas si querían abandonar sus puestos ante el temor de la violencia.
A pesar de la angustia vivida, Sinaloa es un estado de gente resiliente. La población sigue trabajando y tomando las medidas necesarias para protegerse, pero también exige un cambio profundo en la forma en que se manejan los asuntos de seguridad. Sinaloa, insisten sus habitantes, es más que un campo de batalla entre narcotraficantes; es un estado lleno de gente de bien que no permitirá que el miedo se imponga como la norma.
El desafío ahora es retomar el control, no solo de las calles, sino también de la confianza de los ciudadanos. Sinaloa merece paz, y sus habitantes merecen vivir sin el temor constante de que la violencia se convierta en el día a día.
