Por Edgar Adair Espinoza Robles
Hay una historia de ficción que nos enseñan desde la primaria: que los municipios son libres y soberanos. Lo dice la Constitución. Lo repiten los discursos. Lo firman los planes de desarrollo. Pero la verdad, como muchas veces ocurre en la política mexicana, es otra. El municipio es la unidad básica del Estado, sí, pero también es el eslabón más frágil, más desprotegido y, en no pocos casos, más abandonado de todo el entramado institucional.
El artículo 115 constitucional, tan citado como ignorado, establece el marco jurídico de esta autonomía. Desde 1917, reconoce que los ayuntamientos deben tener voz propia, presupuesto propio y capacidad de decidir su destino. En el papel, pueden cobrar impuestos, planear su desarrollo y administrar sus servicios. En la práctica, dependen del dinero que caiga de la Federación como el aguinaldo que espera un empleado precarizado. De hecho, en promedio más del 90% del presupuesto de los municipios viene de transferencias federales y estatales. ¿Qué tipo de autonomía es esa?
A esta paradoja le llaman algunos “autonomía relativa”, pero yo la llamo sin rodeos: dependencia estructural. Porque mientras no haya reforma al sistema de coordinación fiscal, para que paguen los grandes empresarios, mientras no se actualicen catastros ni se fortalezca la recaudación propia, mientras el municipio no pueda decidir sobre lo más básico de su economía, seguirá siendo una figura que dificilmente pueda cambiar vidas y más bien, seguirá siendo una figura usada para repartir culpas, no soluciones.
Pero no todo puede responsabilizarse a la alta burocracia o al centralismo. También hay responsabilidades abajo, en los municipios. Porque si bien es cierto que la Federación tiene omnipotencia en los recursos, también lo es que muchos municipios han renunciado a pensarse como instituciones de conocimiento. La mayoría funciona como oficinas de trámite, no como espacios de innovación. Cada tres años empieza de cero, porque el que llega tira todo lo que hizo el anterior o peor aún él que se va le deja un desastre al que llega. No hay memoria institucional, no hay sistemas de gestión del conocimiento, no hay continuidad ni profesionalización. En su lugar, hay improvisación y herencias políticas disfrazadas de experiencia con claro, sus honrosas excepciones.
Hoy existen en México 2,469 municipios repartidos entre las 32 entidades federativas. Eso significa 2,469 oportunidades para el desarrollo local. 2,469 espacios donde el Estado puede ser útil o puede simplemente no llegar. En la teoría, el municipio es el primer contacto entre el gobierno y la ciudadanía; en los hechos, muchas veces es el primero que desaparece cuando la gente lo necesita.
Por eso, más que autonomía formal, lo que urge es una autonomía construida desde abajo: con haciendas fuertes, sí, pero también con estructuras profesionales, con políticas públicas pensadas desde la comunidad, y con la capacidad de sistematizar lo que funciona y lo que no. Eso es gobernanza. Eso es gestión del conocimiento. Eso es lo que puede romper el ciclo de improvisación que ha hecho del municipio mexicano una institución atrapada entre el mandato constitucional y la precariedad operativa.
Superar este desfase requiere una reforma profunda en los hechos, no solo en los textos constitucionales. Una reforma que haga del municipio no solo el espacio más cercano al pueblo, sino también el más útil. El más ágil. El más sensible. El más preparado para resolver problemas y no solo para administrar carencias. Porque de nada sirve tener tantos municipios si no hay uno solo que se piense a sí mismo como una escuela de gobierno, como una comunidad de práctica, como un territorio de transformación.
Transformar el municipio no es solo una tarea jurídica o administrativa. Es una tarea política y cultural. Significa entender que, si el municipio es el primer contacto del Estado con la ciudadanía, entonces ahí empieza o se estanca cualquier transformación que presuma ser profunda.
Pasar del municipio de papel al municipio que piensa, ése es el reto. Porque autonomía es transformarlo para llevarle dignidad a quien vive en la colonia más olvidada. Porque en el municipio, el pueblo tiene rostro. Y en ese rostro, se debe ver reflejado un gobierno que no improvisa, que no simula.
Y es justo sobre ese desafío que estamos escribiendo y trabajando . Creemos que la gestión del conocimiento en los municipios no puede seguir siendo una aspiración abstracta. En los próximos años aspiramos a compartir un libro con una propuesta teórica y metodológica sólida, pensada desde la alta dirección, que ayude a profesionalizar a los gobiernos locales desde adentro, con enfoque humano, técnico y transformador. Porque quienes tenemos responsabilidades públicas debemos apostarle, con rigor y convicción, a que gobernar también es pensar y arrastrar el lápiz.
Nota: En México sólo 30% de los municipios son gobernados por mujeres, de acuerdo con información del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi). Para llegar a este cargo, muchas enfrentaron retos y fueron discriminadas y violentadas por ser mujeres. Ahora muchas de ellas, están cambiando las narrativas y demostrando que pueden hacer la diferencia.
Para terminar: Diversos estudios regionales y nacionales han documentado la falta de profesionalización en los gobiernos municipales mexicanos. En el caso específico de Sinaloa, el Observatorio de Administración Pública (2022) revela que en 15 municipios analizados:
- Solo el 18% de los directores municipales contaban con experiencia previa en gestión pública.
- El promedio de rotación de jefaturas de área era de menos de 20 meses, lo que implica que muchos cargos cambian de titular incluso dentro del mismo trienio.
- 100% de los municipios no gestionan el conocimiento adecuadamente ni son generadores de politicas públicas disruptivas.
