Desinformemonos-. Un extenso informe elaborado por un grupo especial de investigación establece que un entramado criminal en el que participó el grupo empresarial DESA, propiedad de la familia Atala en Honduras, desvió fondos del Banco Centroamericano de Integración de Económica (BCIE) y de la banca de cooperación de Países Bajos para financiar acciones de vigilancia, logística y compra de armas y, eventualmente, para asesinar a la ambientalista hondureña Berta Cáceres.
El informe fue elaborado por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), auspiciado en 2025 por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA a petición del Estado de Honduras. A lo largo de 524 páginas, publicadas tras un año de investigación, el GIEI reitera la participación de la familia Atala, cuya empresa DESA ha desarrollado el proyecto hidroeléctrico Agua Zarca, al que Cáceres y organizaciones indígenas hondureñas se opusieron.
Cáceres, quien era el rostro visible de la lucha del pueblo lenca para evitar la construcción de Agua Zarca, fue asesinada el 2 de marzo de 2016 en La Esperanza, Intibucá, en el suroccidente del país.
Debido a la indignación que el asesinato causó en Honduras y a la presión internacional, la justicia local llevó adelante, a empellones, un proceso judicial que concluyó con las capturas y condenas de ocho personas. El Ministerio Público y las cortes locales, sin embargo, nunca prosperaron en la persecución a los dueños de DESA. Hoy, el informe del GIEI establece que altos directivos de la empresa y miembros prominentes de la familia que es su dueña, los Atala, estuvieron vinculados con el asesinato de Cáceres.
El asesinato, dice el informe, fue una “operación criminal” organizada, planificada y ejecutada mediante una estructura de coparticipación. En esa operación, asegura el GIEI, hubo participaron los sicarios, intermediarios con formación militar, personal y directivos de DESA y redes de apoyo, tolerancia y omisión desde distintos ámbitos del Estado.
“El GIEI documentó que integrantes de la familia Atala participaron directa o indirectamente en espacios de coordinación orientados a la gestión del conflicto territorial, incluyendo el grupo denominado ‘Seguridad PHAZ’, en el que se desarrollaron acciones sistemáticas de vigilancia, recolección de información y seguimiento contra Berta Cáceres…”, dice el informe.
Además de confirmar la participación de DESA y los Atala, el informe hace otras revelaciones importantes, como el uso de dineros de la banca internacional para financiar el crimen y que el Estado de Honduras, entonces presidido por Juan Orlando Hernández, evitó prevenir el crimen aun cuando tenía conocimiento en tiempo real de que había planes concretos para asesinar a Cáceres. El expresidente Hernández fue condenado en 2024 en Estados Unidos a 45 años de cárcel por narcotráfico y a finales del año pasado fue perdonado por el presidente Donald Trump
Para elaborar este informe, los investigadores del GIEI de la CIDH estuvieron un año en Honduras y tuvieron acceso a miles de folios judiciales, actas de investigación, informes periciales, extractos financieros, escuchas telefónicas y testimonios de los involucrados, entre otros insumos.
Dinero del BCIE y de la cooperación de Países Bajos
Las luchas de Berta Cáceres y el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH) pusieron trabas al desarrollo del proyecto hidroeléctrico Agua Zarca en el Río Gualcarque, sagrado para el pueblo Lenca, y llamaron la atención internacional sobre las acciones criminales de la industria extractiva local, en manos de empresas y familias de la oligarquía hondureña. Pero el poder de esas empresas, y en este caso el de DESA de la familia Atala, fue capaz de sobreponerse a esas denuncias y atrasos, de asesinar a Cáceres y, eventualmente, de seguir adelante con el proyecto.
DESA incluso fue capaz de crear un entramado financiero que le permitió desviar fondos de la banca internacional para asesinar a Cáceres.
El grupo especial de la CIDH determinó que fondos desembolsados por el BCIE y el Banco de Desarrollo de los Países Bajos (FMO), destinados a financiar el proyecto Agua Zarca, “fueron desviados de su finalidad original y utilizados para financiar un conjunto de actividades ilícitas vinculadas a la gestión violenta del conflicto territorial, incluyendo operaciones de vigilancia e inteligencia ilegal, incursiones armadas, logística y pagos asociados a dichas operaciones, así como, en última instancia, el asesinato de Berta Cáceres”.
El informe del GIEI deja poco a la imaginación: explica, con precisión, que DESA creo una “arquitectura financiera… integrada en la contabilidad, la gestión financiera y la gobernanza corporativa” de la empresa que permitió el “desvío sistemático” del dinero proveniente de los desembolsos hechos por el BCIE y FMO para pagar por la vigilancia a Berta Cáceres y a los sicarios que la asesinaron.
De poco más de 18.5 millones de dólares ejecutados con esos fondos para el proyecto Agua Zarca, cerca de 12.4 millones de dólares fueron “objeto de desvíos y manejos irregulares”, asegura el informa del GECI.
“El GIEI identificó operaciones financieras realizadas inmediatamente después del asesinato, mediante las cuales se cobraron cheques en efectivo por un monto equivalente a, por lo menos, parte del pago ofrecido a la célula sicaria para ejecutar el crimen”, asegura el reporte.
La complicidad del Estado
También establece el GIEI que el Estado de Honduras, entonces presidido por Juan Orlando Hernández, pudo haber prevenido el crimen porque tenía información concreta, en tiempo real, de la planificación del asesinato. Había, dice el grupo especial, suficientes alertas para actuar.
Información como “interceptaciones telefónicas en las que se discutía explícitamente el asesinato, se negociaban pagos, armas y logística, y se hacía referencia a decisiones adoptadas en niveles superiores”.
El grupo sicario, dice el GIEI, “contaba con acceso a armas, logística y personal armado, y utilizaba redes vinculadas a estructuras de seguridad para coordinar operaciones ilícitas.”
Las interceptaciones telefónicas que siempre estuvieron en poder del Estado hondureño revelaron que desde el 4 de enero de 2016, dos meses antes del asesinato, había noticias de “conversaciones explícitas sobre cinco incursiones previas al asesinato de Berta Cáceres. Estas incursiones involucraron planificación, logística, seguimientos, portación de armamentos y dieron cuenta de la elaboración de un plan concebido con anticipación, a decisiones atribuidas a ‘los de arriba’ y a negociaciones sobre pagos y logística.”
“Pese a contar con esta información en tiempo real, las autoridades estatales no activaron mecanismos de prevención ni adoptaron medidas oportunas para impedir el crimen, omisión que el GIEI califica como una violación grave del deber de debida diligencia”, dice el informe.
Es decir, el Estado de Honduras tenía toda la información que necesitaba para evitar que un comando de sicarios, financiado por la empresa DESA de la familia Atala con fondos otorgados por la banca internacional de cooperación, asesinara a Berta Cáceres. Pero no lo hizo, el Estado de Honduras no evitó el asesinato.
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