En el foro “Bienestar Animal y Riesgos de la Zoonosis en la Salud Pública”, la diputada Alma Rosa Garzón Aguilar, presidenta de la Comisión de Justicia y secretaria de la Comisión de Ecología y Desarrollo Sustentable, resaltó los progresos en la protección animal en Sinaloa, México y a nivel global.
Garzón Aguilar subrayó que los avances legislativos reflejan un cambio hacia una mayor compasión y respeto por todos los seres vivos. “Estos logros no solo demuestran un cambio en nuestra conciencia colectiva, sino también un compromiso decidido con la justicia y la compasión hacia todos los seres vivos”, afirmó.
Durante su discurso, la legisladora ofreció una perspectiva histórica de la protección animal, mencionando desde el Código de Hammurabi y la antigua Grecia hasta la Edad Media y los estatutos de Irlanda en 1635. Señaló que, desde el siglo XIX, la preocupación por el bienestar animal ha evolucionado y se ha consolidado en tratados y convenciones internacionales.
En México, la protección animal ha sido un tema creciente en las últimas décadas, llevando a la promulgación de leyes y regulaciones para garantizar el bienestar animal y prevenir el maltrato. Garzón Aguilar mencionó leyes clave como la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, la Ley General de Vida Silvestre, y la Ley Federal de Sanidad Animal, además del Código Penal Federal.
Destacó la reciente iniciativa del presidente Andrés Manuel López Obrador para reformar los artículos 4° y 73 de la Constitución, con el fin de reconocer a los animales como seres sintientes con derechos a protección, cuidado y bienestar.
En Sinaloa, se han implementado normativas estatales adicionales, como la Ley de Protección a los Animales y la Ley Ambiental para el Desarrollo Sustentable. La más reciente reforma local, aprobada en enero de 2021 y promulgada en 2022, incluye la obligación de los gobiernos estatal y municipales de destinar partidas presupuestales para la protección animal, la creación de un Fondo para la Protección de los Animales, y la promoción de campañas de esterilización y adopción.
Las reformas también ampliaron la protección a animales silvestres y ferales, incrementaron las penas por maltrato y crueldad animal, y adicionaron conductas como la zoofilia y las peleas de perros al tipo penal de maltrato animal.
Garzón Aguilar concluyó resaltando los desafíos futuros, como la reglamentación municipal, el presupuesto insuficiente, y la necesidad de sensibilización y educación en la población. “Aunque aún queda mucho por hacer, estoy convencida de que, con nuestro compromiso colectivo y la colaboración de toda la sociedad, podemos lograr un futuro en el que todos los animales sean tratados con la dignidad y el respeto que merecen”, finalizó.