La inseguridad en Sinaloa volvió a poner en alerta a la clase política y a la ciudadanía luego de que el presidente municipal de Elota, Richard Millán Vázquez, fuera víctima de un intento de despojo de su camioneta mientras se desplazaba por la entidad. Gracias al blindaje del vehículo y a que los disparos se realizaron al aire, el alcalde resultó ileso y continúa con sus actividades de manera normal.
El incidente refleja la violencia que persiste en Sinaloa, afectando tanto a funcionarios públicos como a ciudadanos.
Legisladores exigen esclarecer los hechos y reforzar la seguridad
Los legisladores locales coincidieron en que el incidente con el alcalde es un recordatorio de la urgencia de fortalecer la seguridad en el estado. La diputada María Teresa Guerra Ochoa destacó que hechos similares han afectado a otras legisladoras y consideró indispensable que la Fiscalía y las autoridades aclaren los hechos y adopten medidas efectivas para garantizar la protección de todos los ciudadanos, no solo de la clase política.
Por su parte, el diputado Sergio Torres Félix afirmó que el ataque contra el alcalde no fue dirigido personalmente, sino que forma parte de la ola de violencia que afecta a toda la población. Subrayó que Millán continúa trabajando normalmente y que es imprescindible que los tres niveles de gobierno generen resultados concretos que protejan a la ciudadanía.
La diputada Paola Gárate, hizo hincapié en que la violencia en Sinaloa no discrimina y afecta de igual manera a ciudadanos y políticos. Señaló la necesidad de fortalecer a la Fiscalía y a la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas mediante mayores recursos y personal capacitado, con el objetivo de reducir la impunidad y garantizar justicia.
Un contexto de violencia persistente
El intento de despojo a Millán se suma a un patrón de violencia que incluye robos de vehículos, asesinatos, levantones y quema de propiedades. Según datos locales, en Culiacán se registran diariamente entre 20 y 30 robos de vehículos.
Expertos y legisladores coinciden en que, mientras no exista coordinación efectiva entre autoridades estatales y municipales y la Fiscalía no cuente con personal, capacitación y presupuesto suficientes, la violencia continuará afectando a ciudadanos y funcionarios por igual. La impunidad percibida por los delincuentes perpetúa el clima de inseguridad.
La ciudadanía también está en riesgo
Los legisladores enfatizaron que la protección no debe limitarse a funcionarios y políticos. La seguridad debe ser un derecho para todos los ciudadanos, quienes tienen derecho a exigir que las autoridades cumplan con su responsabilidad principal: garantizar la seguridad y la justicia. El incidente con el alcalde de Elota es un recordatorio de que la violencia en Sinaloa no discrimina y requiere acción inmediata.
