El Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) se encuentra en el ojo del huracán tras revelarse un complejo esquema de fraude, corrupción y despojo de viviendas que involucra a empleados del instituto, notarios, despachos legales, integrantes del Poder Judicial, empresas y peritos valuadores. Este fraude ha dejado a miles de derechohabientes sin el patrimonio que creían haber asegurado con sus ahorros y créditos para vivienda.
La magnitud del fraude: un esquema de ventas fraudulentas
De acuerdo con Octavio Romero Oropeza, director general del Infonavit, los fraudes se han dado a través de un sistema de ventas irregulares de viviendas, en el que se han otorgado múltiples créditos sobre un mismo inmueble. En total, se han detectado 12,000 créditos fraudulentos sobre 1,400 viviendas, lo que indica que algunos inmuebles fueron vendidos hasta cuatro veces en un solo año. Este sistema de ventas ilegales ha generado pérdidas millonarias, alcanzando una cifra de más de 1,200 millones de pesos.
Los responsables de este esquema incluyen no solo a empleados del Infonavit, sino también a una red de notarios, despachos legales y peritos valuadores que se han coludido para despojar a los derechohabientes de sus viviendas. En algunos casos, se ha detectado que se cobraba hasta un 40% de los ahorros de los trabajadores, a través de estos créditos fraudulentos.
La triangulación de recursos y las indemnizaciones irregulares
Uno de los hallazgos más alarmantes en las investigaciones es la triangulación de recursos entre el Infonavit, empresas contratadas para realizar trabajos relacionados con la vivienda y cuentas bancarias de funcionarios del instituto. Un caso particularmente grave es el de la empresa Telra Realty, que en 2014 recibió un contrato de 100 millones de pesos para diseñar una plataforma tecnológica para gestionar soluciones de vivienda para los derechohabientes que cambian de lugar de residencia.
Sin embargo, Telra Realty incumplió el contrato, y a pesar de ello, el consejo de administración del Infonavit aprobó el pago de una indemnización de 5,000 millones de pesos, basándose en un documento de un despacho legal que carecía de firma oficial y que fue presentado como prueba en una carpeta de investigación. Aunque dos de los socios de la empresa devolvieron 2,000 millones de pesos, tres se han negado a devolver el resto, lo que deja en evidencia un claro acto de corrupción.
El caso Línea III: proyectos fallidos y adeudos millonarios
Además de las ventas fraudulentas y las triangulaciones, el Infonavit también enfrenta graves irregularidades en el financiamiento a proyectos de vivienda. Entre 2017 y 2018, se autorizaron 22 proyectos a constructores, que no solo no fueron concluidos, sino que acumularon un adeudo de 575 millones de pesos. A esto se suman los adeudos por 768 millones de pesos de 18 desarrolladores que incumplieron con sus pagos y no enfrentaron sanciones adecuadas por parte del instituto.
Lo más alarmante es que, pese a no haber completado las viviendas, cuatro empresas recibieron 81 millones de pesos adicionales provenientes de los créditos de los trabajadores, lo que representa un desvío de recursos en beneficio de las constructoras que no cumplieron con su obligación.
Denuncias y complicidad: el bloqueo a la fiscalización
A pesar de que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) ha realizado investigaciones y ha presentado informes sobre estos fraudes, los sectores empresarial y de los trabajadores del Infonavit han bloqueado los esfuerzos de fiscalización. En octubre de 2023, ambos sectores instruyeron al Infonavit a interponer un amparo contra el informe de la ASF, lo que muestra una clara resistencia a que se conozca la verdad y se castigue a los responsables.
El Infonavit también ha reportado que, a pesar de los hallazgos y denuncias, la Comisión de Vigilancia y el Comité de Auditoría no han tomado medidas efectivas para sancionar a los responsables. La falta de acción por parte de estas instancias ha permitido que la red de corrupción continúe operando sin ser detenida.
El Estado de México: un ejemplo de ventas sucesivas fraudulentas
Uno de los casos más emblemáticos de este fraude se ha registrado en el Estado de México, donde 496 viviendas fueron vendidas en 4,130 ocasiones. En este caso, se identificó la participación de dos despachos legales, tres peritos valuadores, tres contralores y seis trabajadores del Infonavit, quienes estuvieron involucrados en la venta irregular de las viviendas. Este tipo de operaciones fraudulentas demuestra la magnitud de la red de corrupción dentro del instituto.
Los salarios exorbitantes de los directivos del Infonavit
Uno de los aspectos más críticos revelados por el director del Infonavit es el nivel salarial de los directivos y gerentes del instituto. Romero Oropeza expuso que los ingresos de los miembros de las direcciones y gerentes del Infonavit superan los 200 mil pesos mensuales, siendo el salario mínimo de 185 mil pesos. Estos sueldos, que exceden incluso el salario de la presidenta Claudia Sheinbaum, son pagados con los ahorros de los trabajadores, lo que genera un sentimiento de injusticia entre los derechohabientes, quienes ven cómo sus fondos se destinan a salarios tan elevados.
Además de estos salarios, los directivos del Infonavit reciben pagos adicionales por asistir a las sesiones del Consejo, con una tarifa de 60 mil pesos por cada sesión, lo que aumenta la percepción de un sistema corrupto que no prioriza el bienestar de los trabajadores.
Urgente reforma legislativa para frenar el fraude
Ante la gravedad de los hallazgos y la falta de respuesta efectiva por parte de las autoridades internas del Infonavit, Octavio Romero Oropeza y el gobierno de Claudia Sheinbaum han solicitado una reforma urgente a la legislación del instituto. Esta reforma tiene como objetivo garantizar la transparencia, fortalecer los mecanismos de fiscalización y proteger los derechos de los trabajadores, quienes han sido víctimas de este esquema de corrupción y fraude.
El director del Infonavit destacó que es fundamental modificar las estructuras y procesos dentro del instituto para evitar que situaciones como esta se repitan y que los derechohabientes puedan recuperar su confianza en el sistema de vivienda social.
Conclusión
El fraude y la corrupción dentro del Infonavit han afectado gravemente a los trabajadores mexicanos, quienes confiaron en el sistema para garantizar un hogar propio. Las evidencias de triangulación de recursos, ventas fraudulentas de viviendas y proyectos fallidos son solo la punta del iceberg de un sistema profundamente corrupto que ha despojado a miles de derechohabientes de sus ahorros y su futuro. La exigencia de una reforma profunda al Infonavit es más urgente que nunca, para que estos actos de corrupción no queden impunes y los trabajadores puedan recuperar la confianza en el instituto que debe velar por su bienestar.
