Este sábado pasado comenzó a regir la reforma a la Ley de Amnistía de México, la cual autoriza al presidente a perdonar delitos con el fin de esclarecer casos de interés para el Estado. Aprobada por el Congreso en abril, la medida apareció publicada el viernes pasado en la versión vespertina del Diario Oficial de la Federación. Introduce un nuevo artículo que establece que la decisión de conceder el beneficio de la amnistía recae exclusivamente en el titular del Poder Ejecutivo Federal.
Según la reforma, el perdón puede otorgarse a personas que proporcionen pruebas útiles para esclarecer hechos relevantes para el Estado Mexicano, incluso si están bajo proceso penal o ya han sido condenadas por cualquier delito. En términos prácticos, la amnistía extinguirá las acciones penales y sanciones impuestas, según se lee en la modificación de la ley.
El impulso de esta reforma proviene del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien ha destacado su potencial para resolver casos como la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa en 2014, comprometiéndose a ello desde su campaña presidencial y durante su mandato iniciado en diciembre de 2018. Su gobierno ha colaborado con los padres de los estudiantes y la Comisión para la Verdad y el Acceso a la Justicia, cuestionando la “verdad histórica” propuesta por administraciones anteriores y concluyendo que se trató de un “crimen de Estado”.
López Obrador explicó en conferencias matutinas que la reforma está destinada principalmente a esclarecer violaciones de derechos humanos, permitiendo la liberación de personas cuando existan justificaciones válidas. No obstante, diputados opositores y organizaciones civiles han expresado preocupaciones sobre el riesgo de impunidad que podría generar esta reforma.
