Un contratista militar con antecedentes que se remontan a la firma mercenaria Blackwater ayudará al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) a rastrear una lista de 1.5 millones de inmigrantes perseguidos en todo el país, de acuerdo con registros revisados por The Intercept.
Documentos de adquisiciones federales muestran que el 15 de diciembre, el ICE firmó un acuerdo con Constellis Holdings para brindar servicios de “rastreo de personas desaparecidas”. En los hechos, el contrato encarga a esta empresa la tarea de localizar inmigrantes y transmitir su ubicación al brazo de Operaciones de Deportación y Control de Aduanas del ICE para su aprehensión.
Según los términos del programa impulsado durante la administración del presidente Donald Trump, los contratistas recibirán recompensas económicas por revelar lo más rápido posible el paradero de personas migrantes específicas, y podrán utilizar cualquier herramienta de vigilancia física o digital que consideren adecuada.
Constellis y el legado de Blackwater
Constellis se formó en 2014, tras la fusión de Academi (antes conocida como Blackwater) y Triple Canopy, dos de las firmas mercenarias más conocidas de Estados Unidos. Desde entonces, el conglomerado y sus filiales han recibido miles de millones de dólares en contratos para proteger instalaciones militares en el extranjero, embajadas, propiedades estratégicas y para realizar trabajos para el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y agencias de inteligencia.
Blackwater fue fundada en 1997 por Erik Prince y cambió de nombre tras un escándalo internacional por su actuación en Irak. En 2007, mercenarios de la empresa asesinaron a 14 civiles en Bagdad. Varios de los responsables, que cumplían condenas de prisión, fueron indultados por Donald Trump en 2020.
Prince renunció como director de Blackwater en 2009 y Constellis asegura no tener relación con él. Sin embargo, el papel de la empresa como cazarrecompensas del ICE coincide con el histórico interés de Prince por privatizar la aplicación de las leyes migratorias.
Empresarios convencieron al gobierno
En febrero, el medio Politico reveló que Erik Prince formaba parte de un grupo de contratistas militares que presionaron al gobierno federal para crear un “equipo de rastreo de personas desaparecidas” y un programa de recompensas en efectivo para acelerar la localización de migrantes.
La propuesta planteaba que, ante la falta de personal federal, el ICE debía delegar la persecución de inmigrantes a ciudadanos y empresas privadas. Finalmente, la administración Trump destinó más de mil millones de dólares a este esquema, canalizando gran parte de los recursos a empresas con experiencia militar y de inteligencia como Constellis.
Registros federales indican que el gobierno ha pagado hasta ahora 1.5 millones de dólares a Constellis, aunque el monto podría superar los 113 millones de dólares al cierre del contrato en 2027.
Vigilancia sin identificación oficial
El contrato menciona como responsable operativo a Omniplex World Services, subsidiaria de Constellis, pero no detalla cómo se realizará el rastreo de los objetivos. Solo señala que las empresas pueden emplear cualquier técnica o tecnología que acelere la localización.
De acuerdo con documentos revisados por The Intercept, los cazarrecompensas no portarán credenciales que los identifiquen como agentes del DHS mientras vigilan domicilios y centros de trabajo de las personas migrantes.
En respuesta, activistas del noroeste del Pacífico han comenzado a construir una base de datos ciudadana de matrículas utilizadas por autoridades migratorias. Hasta ahora, el registro reúne más de 600 placas, principalmente de vehículos observados en operativos en Portland y sus alrededores.
Un aparato migratorio en expansión
En paralelo, el ICE contrató a más de 12 mil oficiales en menos de un año, lo que permitió duplicar su plantilla, que pasó de aproximadamente 10 mil a 22 mil agentes, consolidando uno de los aparatos de persecución migratoria más grandes en la historia reciente de Estados Unidos.
Este nuevo esquema, que combina fuerza estatal y mercenarios privados, ha encendido alarmas entre organizaciones civiles que advierten sobre violaciones a derechos humanos, espionaje masivo y la normalización de la cacería de personas migrantes como política pública.
