Ciudad de México. La Fiscalía General de la República (FGR) se encuentra en la etapa final de una investigación por el presunto desfalco de 20 mil millones de pesos del Fondo de Retiro para los Trabajadores (FORTE) del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE). Este fondo, considerado uno de los secretos mejor guardados del sindicato, ha sido señalado históricamente por su manejo opaco y discrecional.
Durante la administración de Juan Díaz de la Torre como secretario general del SNTE, en el sexenio de Enrique Peña Nieto, se tomó la decisión de invertir los recursos del FORTE en activos del mercado de valores, incluyendo títulos bursátiles y deuda corporativa. Sin reglas claras para estas operaciones, la FGR habría detectado una pérdida de al menos 8 mil millones de pesos en dichas inversiones.
Reclamos de transparencia y protección
Grupos disidentes dentro del magisterio han exigido que las autoridades auditen el destino de los recursos perdidos y tomen medidas para salvaguardar los 12 mil millones de pesos restantes en el fondo. También piden que se investigue a los responsables de la gestión irregular del FORTE, que, durante décadas, ha sido utilizado como herramienta de negociación política y movilización electoral.
Implicaciones para la dirigencia actual
Alfonso Cepeda, actual dirigente del SNTE, ha sido señalado como uno de los responsables de la política que permitió estas inversiones de alto riesgo. Cepeda, quien fungía como secretario de Finanzas del sindicato durante la administración de Díaz de la Torre, continuó con el manejo discrecional del fondo tras asumir la dirigencia en 2018.
La relación de Cepeda con el poder político ha sido cercana. El ex presidente Andrés Manuel López Obrador lo inscribió como senador plurinominal por Morena, y empresas vinculadas a su familia habrían recibido contratos millonarios del sector salud durante la pasada administración.
Un posible golpe al sindicalismo opaco
En caso de que la FGR confirme el desfalco, esta investigación podría convertirse en el primer golpe significativo al sindicalismo bajo el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum. La resolución del caso podría sentar un precedente en la lucha contra la corrupción dentro de los sindicatos mexicanos y marcar un cambio en la forma en que se manejan los recursos de los trabajadores.
La FGR aún no ha emitido un comunicado oficial al respecto, pero la comunidad magisterial sigue atenta al desenlace de este caso que podría transformar el panorama sindical en México.
