La Fiscalía General de la República (FGR) ha anunciado su decisión de tomar medidas legales contra la jueza Segundo de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de México, Raquel Ivette Duarte Cedillo. Esto se produce como respuesta a su reciente fallo, donde concedió el beneficio de libertad condicional a ocho militares acusados en relación con la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.
Además, la FGR expresó su intención de iniciar procedimientos legales contra los magistrados del Tribunal Colegiado correspondiente: Horacio Armando Hernández Orozco, Juan José Olvera López y Francisco Sarabia. La fiscalía sostiene que estos magistrados otorgaron ventajas indebidas a los militares, ignorando las resoluciones de jueces que habían determinado la prisión preventiva justificada para los acusados en el caso Ayotzinapa.
La FGR calificó la secuencia procesal como cuestionable y expresó su preocupación por la posible liberación de personas acusadas de desaparición forzada, considerándolas de alta peligrosidad. Aseguró que presentará los recursos necesarios para garantizar los derechos y la seguridad de las víctimas, iniciando acciones conforme al Código Penal Federal para castigar los actos que entorpezcan la administración de justicia.
“dada la brutalidad de los abusos cometidos y del peligro de una libertad procesal para quienes cometieron el delito de desaparición forzada de personas sobre las cuales ahora se determina una libertad procesal de alta peligrosidad”.
FGR
La FGR señala que esta práctica procesal es recurrente en asuntos de relevancia nacional o política significativa.
