En las próximas semanas, se prevé la firma de un programa entre el gobierno federal y organizaciones de la industria de la masa y la tortilla, con el objetivo de formalizar el sector y estabilizar los precios de este alimento básico. La iniciativa contempla una reducción del 5% en el costo de la tortilla en establecimientos donde el precio supere los 22 pesos por kilogramo.
Sergio Jarquín Muñoz, presidente nacional del Consejo Rector de la Tortilla Tradicional Mexicana, indicó que, inicialmente, entre 15,000 y 20,000 tortillerías de las 110,000 registradas a nivel nacional podrían beneficiarse. La Zona Metropolitana sería una de las principales áreas beneficiadas, con alrededor de 6,000 establecimientos, además de considerar estados como Puebla, Veracruz, Tlaxcala, Hidalgo y Chiapas.
Para integrarse al programa, los negocios deberán cumplir con normativas regulatorias, como el registro ante la Secretaría de Hacienda y el pago del seguro social a sus trabajadores. Entre los compromisos pactados se incluyen la reducción en el costo de materias primas, acceso a créditos para maquinaria, una línea de atención directa con la Secretaría de Seguridad Ciudadana y la creación de un buzón de denuncias con la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) para combatir la competencia desleal y la venta ilegal de tortillas fuera de los establecimientos autorizados.
Jarquín Muñoz señaló que el objetivo principal es incentivar a la población a regresar a las tortillerías tradicionales, ofreciendo precios más accesibles. Actualmente, el precio del kilogramo de tortilla oscila entre 22 y 23 pesos en el centro de la Ciudad de México, mientras que en otras regiones del país puede alcanzar hasta 32 pesos. En el mercado informal, se han detectado precios tan bajos como 15 pesos, lo que afecta negativamente al sector formal.
El líder productor aseguró que existe un abasto suficiente de maíz para satisfacer la demanda de la industria, con precios por tonelada alrededor de 6,000 pesos, significativamente menores a los más de 10,000 pesos registrados en años anteriores debido a la especulación.
Además del Consejo Rector de la Tortilla Tradicional, en las negociaciones con la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader) participan la Unión Nacional de los Industriales de la Masa y la Tortilla, la Cámara Regional de la Industria de la Masa y Tortilla, e Industrias del Maíz Puebla. Sin embargo, el Consejo Nacional de la Tortilla y la Cámara Nacional de la Industria de Producción de Masa y Tortilla se retiraron del proceso.
Blanca Estela Mejía Castillo, representante legal del Consejo Rector de la Tortilla Tradicional, destacó que se busca el cumplimiento de un contrato firmado en el sexenio pasado con la Sader, a través de Diconsa, para la compra de 50,000 toneladas de maíz, de las cuales solo se entregaron unas 7,000. Este incumplimiento podría haber desviado el producto a harineras o al mercado negro, afectando la estabilidad del sector.
Este programa se enmarca en esfuerzos más amplios del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum para combatir la inflación y garantizar la seguridad alimentaria. En noviembre de 2024, se renovó el Paquete contra la Inflación y la Carestía (Pacic), fijando el costo de 24 productos básicos en 910 pesos, una reducción del 12.4% respecto al año anterior. Este acuerdo, que incluye a 19 empresas productoras y 11 comercializadoras, busca mantener bajo control los precios de alimentos esenciales como leche, huevo, pollo, arroz y harina de maíz.
La estabilización del precio de la tortilla es especialmente relevante, dado que este alimento es fundamental en la dieta diaria de la mayoría de los mexicanos. El gobierno ha establecido como meta reducir en un 10% el precio de la tortilla durante el sexenio, implementando programas agrícolas y apoyos para aumentar la producción local de maíz y otros cultivos clave.
Sin embargo, la industria enfrenta desafíos adicionales, como la concentración del mercado. Gruma, el mayor productor de harina de maíz en México y dueño de la marca Maseca, controla entre el 50% y el 90% del mercado en varios estados. La Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) ha señalado a Gruma por prácticas anticompetitivas, sugiriendo que se deshaga de cinco de sus plantas.
La implementación efectiva de este programa y la colaboración de todos los actores involucrados serán determinantes para lograr una reducción sostenible en el precio de la tortilla y fortalecer la economía de los hogares mexicanos.
