El reconocido cantante de corridos, Gerardo Ortíz, se ha declarado culpable de conspiración por violar la Ley Kingpin en Estados Unidos. Esta legislación permite al gobierno estadounidense imponer sanciones a individuos y entidades involucradas en el tráfico internacional de narcóticos.
Según información revelada por la Fiscalía de EE. UU., Ortíz admitió haber participado en al menos seis conciertos en México organizados por un promotor sancionado en 2018 por presuntamente lavar dinero para el narcotráfico. La revista Rolling Stone informó que el artista realizó negocios y ofreció conciertos con un promotor vinculado a cárteles mexicanos.
La declaración de culpabilidad de Ortíz se mantuvo en secreto mientras cooperaba con el Buró Federal de Investigaciones (FBI) en el caso contra Ángel del Villar, director ejecutivo de Del Records, quien también enfrenta acusaciones de violar la Ley de Designación de Cabecillas Extranjeras del Narcotráfico. Ortíz está previsto para testificar en el juicio de Del Villar, actualmente en curso en una corte de Los Ángeles.
El fiscal federal Alex Schwab declaró que Ortíz ya había aceptado su delito y se preparaba para testificar contra Del Villar. Este último, reconocido productor de música regional mexicana, está acusado de asociarse con el promotor de conciertos Jesús Pérez Alvear y la empresa Gallística Diamante, señalados por sus presuntos vínculos con el Cártel de Jalisco.
Este caso destaca la creciente atención de las autoridades estadounidenses hacia las conexiones entre la industria del entretenimiento y organizaciones delictivas, subrayando la importancia de la integridad y legalidad en las relaciones comerciales dentro del ámbito musical.
