El viernes pasado, durante una conferencia médica en un hospital de Los Mochis, los diputados locales Juana Minerva y César Ismael hablaron brevemente sobre la Ley de Voluntad Anticipada que se discute en Sinaloa. Tocaron la diferencia entre ortotanasia y eutanasia. Sin embargo, los temas verdaderamente controversiales —como el suicidio asistido, la autonomía radical del paciente y la necesidad de despenalizar ciertas formas de morir— siguen sin abordarse de frente, aunque permanecen inevitablemente sobre la mesa.
¿Vivir es un derecho o una obligación?
Si damos por hecho, que vivir es un derecho y no una obligación ¿por qué seguimos legislando como si las personas, especialmente las que sufren, debieran seguir vivas a toda costa?, ¿si la vida es un derecho, porque la muerte en tanto culminación del ciclo vital, y por lo tanto parte de la vida misma no lo es?
Si bien la noción de que vivir es un derecho y no una obligación puede representar una consideración válidad desde la óptica de la autonomía personal, también encierra riesgos serios si se adopta sin una estructura ética y social rigurosa.
El problema puede estar en la banalización de esta idea, que podría abrir la puerta a usos estratégicos profundamente cuestionables. Por ejemplo, se corre el peligro de que gobiernos, instituciones de salud o actores económicos utilicen el discurso de la autodeterminación para justificar la reducción de cuidados a personas en situación de vulnerabilidad (como adultos mayores, pacientes con enfermedades crónicas o personas con discapacidad).
En un contexto donde no sobran precisamente los derechos sociales, la muerte podría empezar a presentarse como una “salida razonable” y utilitarista, más que como un evento que debe estar rodeado de contención, acompañamiento y alternativas. Por eso, cualquier legislación que busque reconocer la muerte como derecho debe estar protegida por un marco que garantice que esta decisión sea libre, informada, no influenciada por carencias estructurales y, sobre todo, nunca instrumentalizada por poderes que prefieren administrar cuerpos antes que cuidarlos.
Este tema, sin embargo, no se agota en lo jurídico. Toca fibras profundas: nuestra concepción de la autonomía, el cuerpo, el dolor, la libertad y la muerte. A menudo el debate se reduce a eufemismos, se protege con protocolos médicos o se aplaza en nombre del “no estamos listos como sociedad”. Pero ¿cuándo lo estaremos?
I. El derecho a decidir sobre el final
El argumento central es sencillo pero contundente: si vivimos en un Estado que reconoce la autonomía de la persona en decisiones fundamentales como el matrimonio, la reproducción o la identidad de género, ¿por qué no habríamos de tener la misma autonomía sobre el modo y el momento de nuestra muerte, especialmente ante enfermedades terminales, dolor crónico o pérdida irreversible de la dignidad vital?
Algunos países ya lo entienden así. En Bélgica, Países Bajos, Canadá, Luxemburgo o Colombia, tanto la eutanasia como el suicidio asistido son legales bajo estrictas condiciones. Los argumentos que han sustentado estas políticas no apelan a ninguna ideología radical, sino a la compasión, la racionalidad y el reconocimiento del sufrimiento humano como algo que no siempre tiene cura, pero sí puede tener alivio.
¿Estamos dispuestos a aprender de esas experiencias o seguiremos postergando la discusión?
II. Existencialismo y el sentido de seguir vivos
Camus decía al inicio de El mito de Sísifo que “no hay más que un problema filosófico verdaderamente serio: el suicidio”. Todo hombre sano ha pensado alguna vez en él, decía, y por tanto, hablar de muerte voluntaria no es una perversión ni una rareza, sino una reflexión universal. ¿Por qué seguir vivos? ¿Qué da sentido a la existencia cuando la vida misma se vuelve una carga?
Desde una perspectiva existencialista, el sufrimiento extremo, la pérdida de control sobre el propio cuerpo, o la prolongación artificial de la vida sin conciencia ni dignidad, son factores que pueden llevar a alguien a una decisión lúcida, libre y profundamente humana: decidir morir. No por desesperación, sino por integridad.
Esta postura no celebra la muerte, sino que reivindica el derecho a que esta no sea impuesta como castigo o penitencia. La libertad de morir puede ser una afirmación del valor de la vida que uno ha vivido.
III. Más allá del dogma hipocrático
Uno de los mayores obstáculos al debate sobre la eutanasia en México proviene de la moral médica tradicional, heredera de lo que podríamos llamar el dogma hipocrático. Esta ética, que durante siglos ha orientado la práctica médica, impone un principio de no-maleficencia que a menudo se interpreta como la prohibición absoluta de causar la muerte. Pero, ¿no es también un daño mantener con vida a alguien que ha expresado su deseo de no seguir viviendo bajo condiciones inhumanas?
El gremio médico en México, con excepciones notables, suele ser conservador en estos temas. Abundan los prejuicios contra la eutanasia, la voluntad anticipada e incluso el aborto. Se habla mucho de ciencia, pero poco de ética. Se apela a la técnica, pero se olvida que la medicina es, en última instancia, una tecnología científica al servicio de una moralidad, generalmente reflejada en la legalidad. Y esa ética, en lugar de abrirse al diálogo plural, se encierra en una moral de la prolongación a ultranza.
¿No debería el juramento hipocrático comenzar a verse como lo que es: ¿un documento histórico de valor simbólico, y no como una norma inflexible en pleno siglo XXI?
IV. La discusión legislativa sin duda es un avance
Los diputados y diputadas en México han dado pasos importantes. Se han aprobado leyes de voluntad anticipada en varios estados y la conversación ha salido del tabú absoluto. Pero falta decisión. Falta valentía. Falta, quizá, una comprensión más amplia de que no estamos legislando sobre muerte, sino sobre libertad.
Este no es un debate de números, sino de principios. ¿Quién tiene la última palabra sobre nuestra vida? ¿El Estado? ¿Los médicos? ¿Las religiones? ¿O nosotros mismos?
Los legisladores deben responder: ¿estarán dispuestos en algún punto a reconocer legalmente la autonomía de quienes, por razones profundamente humanas, quieren morir con dignidad?
V. Religión, muerte y sufrimiento: el fantasma teológico en la ética médica
A pesar de vivir en un Estado constitucionalmente laico, las nociones religiosas siguen ejerciendo una influencia profunda —y muchas veces silenciosa— en la toma de decisiones bioéticas. El debate sobre la muerte digna, la voluntad anticipada y la eutanasia no escapa a esta inercia histórica. La tradición cristiana, en sus múltiples expresiones, sostiene la sacralidad de la vida desde su concepción hasta su extinción natural. Esta creencia no es menor: bajo su lógica, interrumpir una vida, aún en condiciones de sufrimiento irreversible, sería atentar contra un designio divino.
Esto explica, en parte, por qué buena parte de la legislación mexicana sigue girando en torno a la “ética de la prolongación”, una moral médica que parece preferir la vida a toda costa, incluso a expensas de la dignidad del paciente. La famosa frase “no matarás”, asociada al dogma cristiano, opera como principio no negociable en muchos círculos médicos, legislativos y sociales. Y, sin embargo, ¿qué dice esta moral sobre la agonía? ¿Qué lugar da al sufrimiento? ¿En qué momento deja de ser humano vivir simplemente porque no se tiene el derecho a morir?
Curiosamente, ciertas religiones han llevado esta tensión al extremo. Los Testigos de Jehová, por ejemplo, rechazan las transfusiones sanguíneas incluso si ello puede derivar en la muerte. En su caso, la voluntad religiosa sí parece tener fuerza para rechazar tratamientos médicos. En cambio, quienes, desde una perspectiva racional o filosófica, quieren decidir sobre su propia muerte en condiciones terminales, siguen sin tener esa posibilidad. El dogma actúa entonces de forma selectiva: se protege el derecho a morir por creencia, pero no el derecho a morir por autonomía.
Cabe preguntarse, con razón, si esta persistencia religiosa en los marcos legales y culturales no constituye un rezago ético. ¿Por qué una cosmovisión religiosa aún debe determinar las decisiones sobre el cuerpo de personas que no necesariamente comparten esos credos? ¿Cuántos pacientes deben seguir sufriendo para que se actualice el horizonte ético del Estado y se reconozca la pluralidad de convicciones sobre lo que es una vida —y una muerte— digna?
