Nueva York / Washington. Casi 4 mil menores de edad han sido detenidos por autoridades migratorias de Estados Unidos desde enero de 2025, cuando el presidente Donald Trump asumió nuevamente el cargo, de acuerdo con investigaciones del The Marshall Project y reportes de ProPublica.
Las cifras indican que al menos 3 mil 800 niños y adolescentes, incluidos 20 bebés, han sido arrestados y recluidos en centros de detención del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). Más de mil 300 menores habrían permanecido más de 20 días bajo custodia, superando límites establecidos en acuerdos judiciales federales.
Centro Dilley, el principal punto de detención familiar
La mayoría de los menores han sido trasladados al Centro de Procesamiento de Inmigración Dilley, en Texas, considerado el principal centro de detención familiar del país. Legisladores y organizaciones civiles denuncian que ahí permanecen hasta mil 100 personas, incluidos bebés de apenas dos meses.
Testimonios recogidos por ProPublica describen condiciones precarias:
- Alimentación insuficiente o en mal estado
- Escaso acceso a agua potable
- Atención médica limitada
- Niños durmiendo en el suelo
- Casos de ansiedad severa y episodios de autolesión
Casos que provocaron indignación
Uno de los casos que generó indignación nacional fue el de Liam Ramos, de cinco años, detenido junto a su padre en Minnesota y trasladado a Texas. Tras presión pública y judicial, ambos fueron liberados, aunque enfrentan procesos de deportación.
Organizaciones médicas como la Academia Estadunidense de Pediatría han advertido que cualquier periodo de detención representa un riesgo grave para la salud física y mental de los menores, especialmente aquellos que ya han vivido situaciones traumáticas.
Contexto y críticas
Defensores de derechos humanos, sindicatos de maestros y legisladores demócratas han denunciado que la política migratoria actual busca incentivar la “autodeportación” mediante condiciones duras de detención.
El gobierno federal sostiene que actúa conforme a la ley y que las instalaciones cumplen estándares adecuados, postura que ha sido cuestionada por múltiples investigaciones periodísticas.
