INE aplicará modelo de riesgo para detectar nexos criminales en candidaturas al Poder Judicial

El INE implementará un modelo de riesgo para detectar nexos con el crimen organizado en candidaturas judiciales. Carla Humphrey advierte que podrían retirarse registros si se incumplen requisitos de elegibilidad.

El organismo electoral reforzará la fiscalización en la elección judicial mediante seguimiento de ingresos y egresos; busca evitar injerencia del crimen organizado.

Ciudad de México. El Instituto Nacional Electoral (INE) anunció la implementación de un modelo de riesgo con el objetivo de identificar posibles vínculos entre candidaturas al Poder Judicial y el crimen organizado. Esta medida se suma a la revisión del cumplimiento de la iniciativa conocida como “8 de 8 contra la violencia”, que contempla sanciones para personas con antecedentes de violencia de género, deudas alimentarias o condición de prófugos.

A través del análisis de los flujos financieros en campañas —“siguiendo la pista del dinero”— el INE pretende blindar el proceso de designación de ministros y ministras frente a posibles injerencias ilícitas. Hasta el momento, las y los aspirantes han reportado comprobantes de gasto por más de 20 millones de pesos, y se les permite invertir hasta 1.4 millones de pesos de recursos propios, con una estricta normatividad fiscal.

Carla Humphrey, presidenta de la Comisión de Fiscalización del INE, detalló que en caso de hallarse irregularidades que presuman vínculos con actividades delictivas, se dará vista inmediata a la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales (FEDE).

“Si alguien no cumple con los requisitos de elegibilidad no puede ser candidato y por tanto no puede ocupar un cargo de elección popular como es ahora los cargos para el Poder Judicial”, señaló Humphrey.

Aunque el INE no dio detalles sobre candidaturas bajo observación, la puesta en marcha del modelo de riesgo indica una creciente preocupación institucional ante la posible penetración del crimen organizado en las estructuras del Estado.

En un contexto nacional donde diversos actores sociales y políticos han alertado sobre la “narcointervención” en procesos electorales, esta medida representa un esfuerzo más del árbitro electoral por reforzar los controles, aunque también abre interrogantes: ¿será suficiente con auditar recursos para frenar las redes criminales que operan en lo local y lo nacional?

Mientras tanto, la ciudadanía sigue expectante ante un proceso inédito que busca renovar con legitimidad al Poder Judicial, históricamente percibido como un bastión de élites blindadas y ajenas al escrutinio popular.

(Visited 2 times, 1 visits today)

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Close